El 43% de los desplazados por el volcán Tajogaite sufre precios especulativos

Una encuesta realizada entre afectados por el volcán Tajogaite y hecha pública por el portal solidario elvallearidane.com revela que el 43% de las personas desplazadas de su domicilio por las consecuencias de la erupción volcánica están sufriendo precios abusivos en el alquiler de sus actuales hogares.

Esa misma encuesta también revela que el 91% de los afectados espera entre cuatro y siete meses para recibir las ayudas de alquiler, lo que les obliga a adelantar esas cuantías, mientras que tan sólo el 9% recibe los abonos de manera cuatrimestral, el plazo estipulado por el Gobierno canario.

De esos afectados, en torno al 71% tiene que esperar entre casi seis y siete meses para contar con el dinero de estas ayudas.

De los resultados de la encuesta se extrae también que el 43,1% paga precios por metro cuadrado superiores a la media que tomó como referencia el Gobierno canario para otorgar estas subvenciones, sobre todo en viviendas de menos de 70 metros cuadrados.^. La Consejería de Vivienda fijó esta media a partir del precio por metro cuadrado declarado a Hacienda por los arrendatarios en los seis años anteriores a la erupción.

A la luz de estos datos, la asociación Tierra Bonita solicitará que los beneficiarios reciban mes a mes el ingreso de estas ayudas, apoyados en la perspectiva de que este trámite «no tienen por qué suponer mayor dificultad que el pago mensual de las nóminas al personal de las Administraciones públicas, incluidos los propios políticos».

Quejas de los afectados

Esta ONG se decidió a hacer este estudio tras llegarle quejas de los afectados por la erupción sobre estas ayudas, que se articularon como una medida más para dar solución habitacional a la población que perdió su vivienda sepultada por la lava.

Las alternativas a esta opción fueron la entrega, con carácter provisional, de viviendas contenedor y de madera y pisos comprados por la Consejería de Vivienda, a la espera de las viviendas definitivas cuya construcción dependerá del decreto ley aún en tramitación por el que se habilitarán unos suelos urbanizables en los extremos de las coladas y en otros suelos de titularidad pública en los tres municipios del Valle de Aridane.

Tramitación de ayudas

En junio de 2022 comenzaron a tramitarse las solicitudes a esas ayudas al alquiler, mientras muchas otras personas continuaban y continúan en casas de familiares y amigos, o en locales habilitados como viviendas, entre otras opciones. El pago de estas subvenciones requiere su justificación previa cada cuatrimestre.

La socia colaboradora de Tierra Bonita, Mónica Riverol, que ha coordinado la realización de esta encuesta, explica que muchos afectados, con una economía familiar destrozada por esta catástrofe, se han encontrado con un mercado inmobiliario en el que la especulación «es el pan de cada día», algo que también ocurre con la venta de inmuebles y terrenos. Lamenta que «a río revuelto, dicen, ganancia de pescadores, pero en una desgracia así es sangrante la falta de solidaridad manifiesta de arrendadores».

Denuncia también que hay constancia de muchos casos «en los que la gente no ha podido ni siquiera acogerse a esta ayuda al alquiler porque el arrendador, aplicando también precios inflados, no les hacía contrato, pero los arrendatarios damnificados por la erupción han tenido que comulgar con ruedas de molino para no perder un lugar donde cobijarse», subraya Rivero.

La ONG palmera destaca que estas ayudas el ICAVI se pensaron también para las personas que vivían ya de alquiler en las zonas afectadas por la erupción, sin que el importe de la subvención pudiera superar el del alquiler de origen, a pesar de que los precios del mercado inmobiliario en La Palma antes de la erupción y después ya no son los mismos, se han encarecido.

Además, Tierra Bonita observa que el propio Gobierno Canario comete un «agravio» entre los afectados, dado que en las viviendas precarias entregadas, cuyos adjudicatarios no reciben estas ayudas, no se paga alquiler el primer año y 20 euros mensuales a partir del segundo año, según ha conocido la Asociación Tierra Bonita por medio de personas que viven en ellas.

Para Mónica Riverol, lo sucedido con el problema de las ayudas al alquiler es una muestra más de que «en La Palma sufrimos las consecuencias de decisiones de gente que no está en contacto con esta realidad diaria tras la erupción, pues las instituciones públicas normalizan el dolor y la desgracia ajena». Por tanto, considera que esta toma de decisiones está totalmente distanciada del parecer de los afectados, «al que no se atiende», subraya la voluntaria de Tierra Bonita encargada de esta encuesta.

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