El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizaba el pasado fin de semana su undécima visita a la Isla desde que se produjera la erupción del volcán Tajogaite, que los colectivos de afectados aprovecharon para reclamarle medidas como una nueva Ley de Expropiación forzosa, la condonación de deudas por hipotecas y ampliar las ayudas estatales a las personas que perdieron su vivienda. La Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados también demandaba al presidente que se auditen los millones enviados a La Palma porque «se despilfarran» en obras que no son las prioritarias.
La referida plataforma le recordaba al jefe del Ejecutivo estatal que, ante un desastre natural como el que están sufriendo, «es necesario modificar» la Ley de Expropiación Forzosa para de esta forma garantizar el derecho a mayores indemnizaciones y que el justiprecio no sea el del nuevo valor del suelo, sino el que tenía antes, ya que una situación como esta, y las que puedan ocurrir en el futuro, supone la destrucción total de las propiedades, de las infraestructuras públicas y del propio territorio.
En cuanto a las ayudas económicas, la plataforma reivindica que el Gobierno estatal amplíe las subvenciones en 60.000 euros para así alcanzar la media de los pagos realizados por el Consorcio de Seguros.
Otra de las peticiones que dirigieron a Sánchez estuvo centrada en solicitar la condonación de las deudas hipotecarias y tributarias relacionadas con los bienes destruidos por la erupción volcánica, ya que, de lo contrario, «resulta imposible para muchas familias rehacer sus proyectos de vida y empresariales si tienen que afrontar, además de esas, otras obligaciones del pasado», subrayan. Por eso insisten en que «la consecuencia es que la economía del Valle de Aridane se empobrecerá, con emigración, cierre de empresas y pérdida de empleos».
Asimismo, este colectivo de afectados requiere al presidente estatal que, en el futuro consorcio, previsto en el borrador del decreto ley para la reconstrucción residencial, la población damnificada tenga más de un representante, «ya que esta exigua representación resulta claramente insuficiente para más de 7.000 personas que se han visto directamente perjudicadas por esta catástrofe», apuntan.
No se olvida tampoco la plataforma de solicitar va Sánchez que la Administración pública demuestre una «mayor empatía» con los afectados, lo que implica «menos autocomplacencia, más autocrítica y un mínimo de ética para no utilizar el tono de propaganda político institucional en una situación tan dramática como la que están sufriendo miles de personas desde 2021».
La Iniciativa de Apoyo Ciudadano a los Afectados también le reclaman a Sánchez que ordene hacer auditorías al Cabildo y a todas las Administraciones que están recibiendo las partidas millonarias que envía el Gobierno central, pues, a juicio de este colectivo, «se despilfarran en obras que nada tienen que ver con la reposición de lo perdido ni con garantizar el bienestar de las víctimas».
Soluciones prioritarias
Denuncian asimismo que «se ha hecho un enorme despilfarro de fondos sin priorizar en las soluciones alojativas, de empleo, de salud mental, hospitalarias y residenciales a cientos de familias con personas dependientes y mayores con patologías que no pueden ser atendidas en esta nueva realidad», apuntando además que existen «multitud de carencias que ya existían con anterioridad y que ahora se hacen aún más evidentes», subraya la plataforma.
