Fernando Clavijo solicita la comparecencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que «rinda cuentas» en la Comisión Mixta Senado-Congreso del informe en el que debía examinar la actuación de las administraciones públicas por la crisis volcánica. El senador por la Comunidad Autónoma calificó el documento de «parcial» y sostuvo que «parece más un inventario de los anuncios hechos por los gobiernos de España y de Canarias que un examen de la situación real de La Palma».
No obstante, será en la Cámara Alta donde el Defensor del Pueblo deberá explicar el contenido y los medios utilizados para la elaboración del informe, «si parten exclusivamente de los anuncios y publicaciones oficiales y de las quejas de los afectados o es fruto de un trabajo técnico». Clavijo aseguró que «no solo no podemos compartir unas conclusiones que no se ajustan con lo que, a día de hoy, siguen viviendo los afectados y el pueblo palmero, sino que pedimos que se abra una investigación rigurosa de la respuesta que se ha dado y se está dando a los afectados desde las administraciones».
Fernando Clavijo sostuvo que la información directa que «tenemos de los afectados es que las actuaciones dejan bastante que desear y aún hay muchas familias, muchos palmeros que se encuentran en una situación muy complicada como para decir que se ha actuado bien, tal y como se ha apresurado a afirmar el Defensor del Pueblo».
El senador reconoció la magnitud de la crisis volcánica y las dificultades para gestionarla, aunque responsabilizó al Estado y al Ejecutivo canario de «haber puesto unas expectativas y unos compromisos sobre la mesa que han incumplido y que han quedado reducidos a fotos y visitas del presidente, Pedro Sánchez, y de los ministros, pero no a resolver los problemas ni a las familias ni a los sectores afectados, entre ellos, el sector primario».
Concretamente, Clavijo señaló que los agricultores siguen sin saber «qué ocurrirá con las fincas que quedaron sepultadas bajo la lava, si podrán volver a reconstruirlas en el mismo sitio o en otro, o qué ocurrirá con los invernaderos que quedaron destruidos por las cenizas».
El senador lamentó la «incertidumbre en la que siguen viviendo los palmeros». Señaló que «todos tienen facturas que pagar e hijos en los colegios y no saben si van a poder rehacer sus vidas en La Palma o tendrán que irse a otra isla». De la misma forma, rechazó que el Defensor del Pueblo haya valorado positivamente la actuación de los gobiernos central y autonómico en materia de vivienda, indicando que «decir que los contenedores que se han concedido como viviendas 14 meses después de la erupción es una actuación correcta es algo que ni entendemos ni podemos compartir los nacionalistas canarios y, mucho menos, los afectados», concluyó.
Transparencia
La Plataforma de Afectados del volcán Tajogaite reclaman al Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias que resuelva los recursos presentados a la negativa de hacer públicas las actas y grabaciones de las reuniones previas del Comité Científico y del Comité Director del Plan de Emergencias Volcánicas (Pevolca). Documentos que solicitaron el 27 de junio de 2022 a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, reclamando actas de las reuniones de los días y horas que antecedieron a la erupción, así como los informes científicos de los últimos cuatro años sobre la evolución de este fenómeno geológico. El organismo regional denegó el acceso a esta documentación argumentando que, al no ser órganos colegiados, no había secretario para levantar actas y que la información auxiliar o de apoyo está entre los supuestos de inadmisión de reclamaciones, al no considerarla de relevancia pública. La Plataforma interpuso el 27 de julio de 2022 reclamación ante el Comisionado de Transparencia argumenta «que la información y documentación del Pevolca no es una información auxiliar, sino que es una información esencial en virtud de la cual se tomaron las decisiones sobre los niveles de alerta y la evacuación de los afectados», recuerdan.
