El Defensor del Pueblo cree adecuadas las medidas aplicadas tras la erupción

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha emitido un informe en el que apoya la gestión realizada por las distintas administraciones para dar respuesta a las demandas de los afectados del volcán Tajogaite, aunque también les requiere celeridad en la entrega de las ayudas comprometidas.

Tras analizar la documentación y los datos facilitados por parte del Ministerio de la Presidencia, Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y Cabildo de La Palma, así como las quejas recibidas y la información recogida en su visita a la Isla el pasado mes de octubre, considera adecuada la respuesta administrativa ante la catástrofe provocada por el volcán Tajogaite y, al tiempo, formula varias recomendaciones que ha hecho llegar a las administraciones.

El Defensor del Pueblo hace una serie de consideraciones y, a la vista de los datos de los que dispone, reconoce que se ha realizado un «notable» esfuerzo normativo por la vía de urgencia, que ha permitido la puesta en marcha de un conjunto amplio de medidas de reparación y reconstrucción en todos los ámbitos afectados. En ese sentido, señala que esas «medidas que las distintas administraciones están aplicando y gestionando en tiempos razonables, sin perjuicio de que algunos aspectos o ámbitos de la respuesta normativa y administrativa presenten más obstáculos que otros para su materialización».

También señala la institución que el volumen de recursos previstos y movilizados hasta ahora es muy significativo y «parecen acordes con la gravedad de los daños acaecidos». A su vez, el Defensor del Pueblo considera que las administraciones implicadas están actuando de manera conjunta y coordinada.

Según los datos ofrecidos por las administraciones, las ayudas entregadas eran, a fecha 31 de octubre de 2022, de 577,21 millones de euros, de ellos, 259 millones han sido ayudas para viviendas y alojamientos para personas afectadas por la erupción y el resto para emergencia social y apoyo al empleo, ayudas para empresas, autónomos y otros sectores económicos. En esa misma fecha se habían recibido en el Registro Único de Afectados un total de 7.860 solicitudes, de las que quedaban pendientes de tramitar el 3,36%

Gabilondo considera en su informe que «es comprensible que las personas afectadas puedan considerar las medidas adoptadas lentas e insuficientes».

Recomendaciones

El Defensor del Pueblo recuerda que en primer lugar hay que considerar a las personas afectadas y la difícil situación en la que se encuentran, tras haber visto destruidas sus viviendas y sus tierras, y que aspiran a reconstruir sus vidas y a recuperar la normalidad. En ese sentido, ha recomendado a las administraciones, en sus tres niveles, que incrementen sus esfuerzos para resolver a la mayor brevedad las solicitudes pendientes, «especialmente las relativas a ayudas por la pérdida de la vivienda habitual» y aquellos expedientes que están pendientes, si es preciso, mediante el refuerzo de los medios materiales y personales y la detección y corrección de las causas que provoquen retrasos y dificultades en su tramitación.

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