La posibilidad de ceder las propiedades sepultadas bajo la lava a la administración a cambio de otros terrenos de igual superficie en suelo urbanizable no parece ser del todo del agrado de los colectivos de afectados por la erupción.
En ese sentido, la portavoz de la plataforma de afectados, Fátima Ramos, cuestiona la decisión del Gobierno de Canarias de proponer a los afectados ceder todas sus propiedades bajo la lava a cambio de una nueva parcela urbanizada, con el compromiso de que con subvenciones u otras fórmulas compensatorias se pueda alcanzar el valor real de perdido. Hay que tener en cuenta que con la legislación vigente no es posible tasar el suelo afectado más que con su valor actual y no con el que tenían antes de la erupción volcánica.
Por estos motivos, Ramos se muestra crítica con el proceder de la Administración pública en este sentido, y recuerda que «una de las reivindicaciones fundamentales de la Plataforma de Afectados es la justa tasación de sus propiedades desaparecidas tras la erupción», por lo que no están de acuerdo con la fórmula que se les propone, debido a las muchas dudas que aún suscita.
Lo principal y fundamental, recalca, es que «los bienes que están sepultados por el volcán sean tasados a precio de fecha de 18 de septiembre de 2021» y sospecha «que muchos nos vamos a quedar por el camino, porque nuestras propiedades no las veremos recuperadas jamás». A su juicio, el modelo propuesto «no satisface los intereses de los afectados», ya que «no podemos estar a expensas de vivir de ayudas y subvenciones» y considera que, a la Administración pública, «le hubiese salido más barato pagarnos a todas nuestras propiedades que hacer el gasto que haciendo porque mucho dinero se pierde en lugares que no sabemos ni dónde está».
Por otra parte, la representante de los afectados insiste en la importancia de que los damnificados por esta catástrofe conozcan el contenido de las actas y de las grabaciones de las reuniones de los órganos científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) desarrolladas los días y horas anteriores al inicio del proceso eruptivo.
Ramos considera fundamental la publicidad de dichos documentos, al que por el momento el Gobierno canario y el Cabildo le han dado un carácter «reservado», ya que su conocimiento por la sociedad sería «nuestra primera defensa» para saber cómo se tomó la decisión de no evacuar, lo que tendría un gran valor para las reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios ante la Administración pública, de las que, afirma, «ya se han presentado muchas».
Conocer estas actas y grabaciones, que el Gobierno canario ha denegado a la plataforma, permitiría «demostrar que estábamos indefensos y que ellos sabían desde los primeros días que nuestras propiedades podrían ser ocupadas por la lava y no nos informaron». La representante de este colectivo de afectados recalca que las autoridades políticas y los científicos «sabían que iba a pasar y no nos lo comunicaron cómo tenían que haberlo hecho».
La negativa gubernamental a entregar las actas y las grabaciones está recurrida por la Plataforma de Afectados ante el Comisionado de Transparencia. A este respecto, Ramos señala que, «no nos han comunicado si al final hay respuesta o no hay respuesta».
Una de las principales reivindicaciones de los afectados son las ayudas que aún no han llegado o que llegan lentamente, apuntando que «han empezado a ingresar la segunda remesa de las ayudas para enseres, que llegan poco a poco».
