Después de cubrir casi 1.300 hectáreas de terreno y destruir 1.700 edificaciones, aún queda por definir cuál será el destino de esas propiedades privadas que han quedado sepultadas bajo decenas de metros de coladas volcánicas y que son imposibles de recuperar.
Las opciones existentes son que se reconozcan los derechos de quienes siguen teniendo escrituras de esos terrenos, devolviéndoles la posibilidad de decidir sobre los mismos, o que se produzca una expropiación, con lo que se debe indemnizar a los propietarios.
Ahora, según informó en el Parlamento de Canarias el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, será la Abogacía del Estado la que decida cómo realizar ese proceso, tras elevar una consulta el pasado mes de julio. En este sentido, Franquis recalcó que se espera contar en las próximas dos semanas con una respuesta al modo de actuar.
El consejero de Vivienda recalca que en las próximas dos semanas espera que haya una respuesta
Fue el diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, quien reclamó una aclaración, referida a los terrenos que están siendo ocupados por las obras de recuperación de la carretera de La Costa, insistiendo en que si «dichas propiedades pasan a ser públicas, los propietarios deben ser compensados». A pesar de ello, el propio Déniz recalcó que se vive una «situación anómala», ya que el Proyecto Básico de la Obra del Ministerio de Fomento se refiere a que «la expropiación se limita a las áreas necesarias para las obras» y «quedan excluidas las áreas sepultadas bajo la colada de lava», indica el diputado.
El caso de las expropiaciones relacionadas con esta vía se extiende también a toda la superficie afectada por las coladas, de las que miles de propietarios continúan en situación de incertidumbre respecto a cuál será el futuro de esos terrenos.
Registradores
Desde el propio Colegio de Registradores de España se confirma el hecho de que para la pérdida de esos derechos de propiedad sería necesaria la expropiación del terreno, lo que exige un proceso administrativo realizado por las administraciones, que lo deben justificar en una posible utilidad pública.
Una solución puede ser la declaración de espacio protegido para esos terrenos, asumiendo que contemplan elementos de especial interés ecológico, científico o geológico, entre otros. De esta manera el Estado puede proteger las coladas.
En el Registro de la Propiedad figuran los datos descriptivos de las fincas, sus titulares y también las cargas. Además, los notarios han realizado un laborioso esfuerzo por atestiguar y generar la documentación perdida durante la erupción, aunque pueden existir problemáticas en los casos en los que la finca no esté registrada o su titular no se corresponda con el actual propietario.
Tanto desde el punto de vista civil como urbanístico, sigue existiendo un derecho de superficie
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que se ha producido una pérdida de las condiciones de habitabilidad, funcionalidad, seguridad y accesibilidad, porque el suelo ha mutado y, por tanto, en los territorios arrasados por el volcán se han perdido las condiciones que se requerían para vivir. Esto no implica una pérdida del derecho de propiedad, pero sí una pérdida del derecho de propiedad de las construcciones, «porque no puede existir un derecho de propiedad sobre algo que no existe», destacan los registradores.
Tanto desde el punto de vista civil como urbanístico, sigue existiendo un derecho de superficie y a construir sobre ella. Los límites en este sentido, según los especialistas, vienen dados por las leyes de minas, agua o urbanísticas, siendo estas últimas las que, en este caso, determinarán la construcción de las futuras viviendas.
No obstante, registradores destacan la problemática que se plantea dentro del mundo jurídico sobre la individualización del objeto, en este caso de las fincas y propiedades, siendo un problema de naturaleza técnica.
Por tanto, no se trata de una cuestión que se pueda evaluar individualmente, sino de forma conjunta, siendo necesario establecer un marco jurídico que dé seguridad a los que tenían allí sus casas para evitar ocupaciones espontáneas o cualquier otra problemática.
