Después de un año, en el que las quejas de las personas y colectivos afectados por la erupción del volcán Tajogaite han sido constantes, ya sea a través de las redes sociales, utilizando el soporte de los medios de comunicación e, incluso, en concentraciones y manifestaciones a pie de calle, la principal reivindicación oficializada a través de la Diputación del Común se centra en la reclamación por los retrasos de las ayudas económicas comprometidas por parte de las instituciones.
Lo cierto es que, en el plazo de estos doce meses, tan sólo llegan a 33 los expedientes iniciados por este organismo dependiente del Parlamento de Canarias y encargado de velar por el cumplimiento de las instituciones públicas con sus administrados.
Quienes se han animado a presentar estas denuncias han sido, de una parte, particulares –que lo han hecho de manera individual–, así como también las plataformas de personas damnificadas, que durante este tiempo se han organizado colectivamente y han mantenido una interlocución abierta con los representantes de la Diputación del Común.
Individuales y colectivas
Del total de quejas presentadas, las hay procedentes tanto de demandantes individuales, que representan el 36% del conjunto total, como por colectivos, que supone el mayor volumen, un 64%, tanto por plataformas de afectados como por dos asociaciones constituidas para la defensa de sus derechos. Así, la Asociación Volcán Cumbre Vieja ha presentado 18 quejas, las plataformas vecinales una y la Asociación de Productores Agrícolas para la Reconstrucción, otra.
En el cómputo general, el 36% de las reclamaciones tienen que ver con competencias que debe asumir el Gobierno de Canarias; el 21% se dirigen a la actuación de la que es responsable el Cabildo de La Palma; el 15% señala directamente al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, así como un 9% a los ayuntamientos de Tazacorte y El Paso; otro 6% se dirigen al Consorcio de Compensación de Seguros y también a la Fiscalía provincial –ante la que un vecino denunció la construcción de carreteras sobre propiedades particulares–, mientras un 3% se refieren a la Administración estatal.
Un alto porcentaje de estas demandas tiene que ver con la demora en la entrega de las ayudas anunciadas para los afectados por el volcán, principalmente en lo que se refiere a las partidas económicas comprometidas para paliar la pérdida de las viviendas, sobre todo en lo referente a la cuantía de 30.000 euros aprobada por el Gobierno de Canarias. En menor medida se reclaman las ayudas de 10.000 euros que corresponden al Cabildo de La Palma.
El informe elevado por la Diputación del Común puntualiza que, en la mayoría de los casos, estas ayudas ya han sido solicitadas por parte de los afectados, pero se entiende que existe un retraso en su concesión o bien existe silencio administrativo a la hora de informar sobre su tramitación.
Otras reclamaciones se dirigen a denunciar las dificultades que se encuentran los vecinos de la Isla en su intento por reconstruir sus viviendas en otros suelos que son de su propiedad, en buena medida porque el planeamiento vigente lo impide.
La Diputación del Común también desvela en este informe cómo algunas de las demandas se refieren al hecho de que se esté realizando obra pública en terrenos afectados por el volcán, pero sin haberse iniciado los pertinentes procedimientos expropiatorios o sin que se haya compensado a los propietarios, así como también las actuaciones relativas a explotación turística que, al parecer, se está desarrollando en áreas atravesadas por las coladas, pero sin contar con los propietarios de los terrenos afectados.
Una docena de esas quejas ta han sido archivadas. En tres de los casos, lo fueron por el hecho de que se acumulaban con otras que se encontraban aún en fase de trámite; dos de ellas por entender que se trataba de competencias del Defensor del Pueblo; una por referirse a entidades bancarias sobre las que no es competente la Diputación del Común; otra por estar ligada a un asunto jurídico privado, en concreto vinculado al cobro de las ayudas por una expareja; una más por no apreciarse infracción del ordenamiento jurídico; una porque no había concreción en la denuncia sobre el activo administrativo que la motiva; una porque no se apreció irregularidad por parte del Ayuntamiento de Tazacorte respecto a las ayudas entregadas al reclamante y su familia, y en otro de los casos porque el denunciante no aportó la documentación solicitada.
A la vista de este informe, la Diputación del Común concluye que resulta «indudable» que la ciudadanía ha optado por la fórmula del asociacionismo para relacionarse con la Administración, «toda vez que de esa manera pueden hacer llegar su voz con más fuerza, apreciándose una evolución desde los primeros momentos en los que se optaba por la fórmula de las plataformas vecinales, hasta las actuales asociaciones legalmente constituidas y registradas, que a su vez agrupan a un número importante de afectados», recalca el informe.
La planificación
Al estudiar esta batería de quejas, la Diputación del Común detectó una posible contradicción de términos entre, de una parte, el Plan Insular, que determina una zona como de interés paisajístico, en contraposición con Decreto Ley de Reconstrucción de La Palma, que permite la reconstrucción en suelo rústico de protección paisajística, mientras que también incluye una limitación de construcción en zonas donde según el Plan Insular deban ser excluidas de procesos de urbanización por razones ambientales. Esta situación genera «falta de claridad» en las normas que han sido aprobadas para la reconstrucción, se indica desde el organismo.
