El colectivo de vecinos creado para reivindicar sus derechos ante la ocupación de terrenos de las obras de la nueva Carretera de la Costa en el Valle de Aridane ha puesto sobre la mesa seis propuestas «menos invasivas», que a su juicio permiten realizar ese trazado con las menores afecciones posibles a la propiedad privada.
Una de sus principales peticiones es la de alejar la vía de las viviendas, «pues una carretera de estas características modificaría el estilo de vida de las familias que llevan generaciones asentadas en la zona». A propósito conocen que desde las instituciones se está estudiando la posibilidad de instalar un puente sobre las viviendas, solución que agradecen.
Esta plataforma ha presentado hasta seis alternativas en la Comisión parlamentaria para la reconstrucción de La Palma, «todas ellas razonables, poco invasivas y con bajo impacto social y «más baratas que las que plantea la Administración». En ellas se plantea la tunelación de los últimos 700 metros, dos bifurcaciones de la vía, la mejora y el mantenimiento de la carretera antigua y un nuevo enlace a la salida de la vía.
Desde este colectivo recalcan que «no estamos en contra de la realización de la vía, ni mucho menos del progreso del pueblo de Tazacorte; estamos en contra de un trazado que consideramos injusto y particularmente gravoso».
En la búsqueda del consenso sobre el trazado de esa vía, el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, mantuvo un encuentro con estos afectados y con las organizaciones agrarias para establecer un plan de actuación sobre el primer tramo más cercano a las coladas. En este sentido presentó un proyecto desarrollado de construcción, con el cual se disminuye la afección de la zona hasta las 1,4 hectáreas agrícolas, mucho menos que en el primer trazado. Además, dicho tramo solo afectará a unas tres hectáreas en terreno no productivo, y así la vía comunicará con la LP-2 en un futuro y logrará conectar el norte y el sur, por el camino del Verdugo hasta donde acaba la colada, con la carretera en estos momentos ya habilitada.
Sobre el segundo trazado previsto, el consejero aclaró que, en el tramo de Marina, desde las coladas al casco del pueblo de Tazacorte, se están estudiando todas las alternativas planteadas por las plataformas de afectados en busca de la solución que tenga la menor afección y sea la más eficaz, buscando «el mayor consenso posible de la población», dijo.
Franquis señaló que «se sacará a exposición pública el proyecto definitivo, buscando total trasparencia, proceso que calculamos llevará unas tres semanas» y de es amanera poder disponer de las vías antes de que acabe el año.
En ese encuentro también participó el consejero insular de Infraestructuras, Borja Perdomo, quien destacó que se han comprometido a reducir al máximo la afección de las carreteras sobre los terrenos de la isla y se tendrán en cuenta las alternativas propuestas por las plataformas de afectados. Además de que se sacarán a información pública las parcelas de los afectados por la construcción de la vía para que los vecinos sepan exactamente la superficie que será afectada.
Expropiaciones
Referente al trazado de esas carreteras, la secretaria general de CC en La palma, Nieves Lady Barreto, ha reclamado al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma que digan «de una vez» a cuánto se van a pagar las expropiaciones de las propiedades afectadas por la carretera de la Costa y la carretera de Las Norias y el resto de las vías e infraestructuras que se van a hacer tras el volcán.
Sobre ese asunto, Barreto insiste en que «a algunos afectados les han dicho que lo que está bajo la lava se va a pagar a precio de erial», explica, reclamando que espera que «sea un error, porque esta posibilidad no puede estar sobre la mesa».
Por ese reclama al Gobierno de Canarias y al Cabildo que comuniquen cómo se va a valorar y así «despejar las dudas no haciendo sufrir más a quienes perdieron todo o casi todo».
La también diputada regional palmera recuerda que CC pidió a finales del año pasado que se modificara la ley estatal que regula las expropiaciones forzosas para que el valor del justiprecio que se pague por las expropiaciones sea el anterior al 19 de septiembre.
Nieves Lady Barreto reclama que, si no se modifica la ley, «se corre el riesgo de generar un agravio comparativo entre los afectados», porque habrá un precio de expropiación para las fincas en producción afectadas por las diferentes obras que se están ejecutando y, por otro lado, un precio mucho más bajo para las fincas que estaban en producción hasta la llegada del volcán y que ahora están bajo la lava, «tratando aún peor a los que más afectados están». Ante eso, pide al Gobierno de Canarias y al Cabildo «que den la cara y se coordinen para que no haya contradicción entre lo que va a pagar el Cabildo y lo que va a pagar el Gobierno».
