Los afectados por el volcán de La Palma reclaman que las ayudas incluyan las viviendas turísticas. La Plataforma de afectados por el volcán de La Palma ha reclamado que en la reposición de edificaciones no sólo se incluya a la vivienda habitual sino a las de uso residencial, alquiler y de turismo rural, y que se pueda edificar en cualquier municipio de La Palma, y no sólo en los tres afectados por la erupción.
Estas son parte de las demandas que ha efectuado la Plataforma en las alegaciones que ha registrado en el Parlamento de Canarias al decreto de 22 de enero por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por el volcán.
La Plataforma pide introducir dichas modificaciones en el texto y que se tramite como proyecto de ley por la vía de urgencia y entre otros asuntos, critica la falta de audiencia, transparencia y participación ciudadana con el que a su juicio se ha elaborado el decreto en cuestión.
Al respecto, afirma que el Gobierno de Canarias sí remitió dicho proyecto de decreto al Cabildo de La Palma y a los tres ayuntamientos afectados, que durante diciembre y enero lo han debatido y formulado alegaciones "dejando al margen a los destinatarios de la norma".
La Plataforma considera necesario que se amplíe el ámbito territorial de la norma y que abarque también al resto de municipios de la isla de La Palma, pues imposibilitar a un afectado que reproduzca su vivienda sepultada en otro municipio que no sea el de los tres de la erupción "es olvidarse que el problema del volcán debe girar en torno a los afectados y no a los territorios".
Nunca los términos municipales deben suponer una limitación a los derechos de los afectados por el volcán de La Palma, como es el derecho de acceso a la vivienda garantizado en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, afirman.
También piden que el ámbito objetivo del decreto se amplíe desde el concepto de vivienda habitual que abarca sólo la primera vivienda (unas 600 viviendas habituales destruidas en total en los tres municipios) hasta incluir tanto la vivienda residencial como la turística, de alquiler o de turismo rural, ya que el objetivo no sólo debe ser restablecer la primera vivienda fuera de la lava sino también el resto de viviendas que constituyen un sustento económico para sus propietarios.
Pide además la Plataforma regular la permuta de solares para construir viviendas de tal forma que sea obligatoria para los ayuntamientos y no como una mera posibilidad, como se plantea en el decreto.
Para ello pide establecer que sea obligatorio para el Ayuntamiento de permutar el bien público solicitado por el vecino ya que en el proyecto de decreto no se establece esta posibilidad, y fijar un plazo para que dicha permuta se ejecute mediante el compromiso de que en el plazo de 2 años los municipios dispongan del suelo público necesario.
Al respecto, la Plataforma reclama una disposición adicional en el decreto para que el Gobierno de Canarias se comprometa a adquirir bienes inmuebles privados para suelo público de vivienda habitual para permutarlos a los afectados en el plazo de 2 años.
Asimismo, pide ampliar el plazo para la presentación de proyectos de obras de viviendas en suelo rústico de 18 meses a 5 años.
"Establecer ese plazo tan corto para la presentación de proyectos para las licencias de obra no es acorde con la situación de los afectados, la mayoría de los cuales no tenían seguro de daños y los que lo tenían la mayoría no lo han percibido, y no disponen de capacidad económica para comprar a corto plazo un terreno fuera de la colada", advierte la Plataforma.
El objetivo de las alegaciones es que, prosigue la Plataforma, los afectados puedan construir fuera de la lava en los suelos rústicos protegidos cualesquiera vivienda, ya sea habitual, rural o de alquiler y con un plazo amplio de 5 años en el que reúnan la capacidad económica suficiente para hacer frente a los gastos de la adquisición de suelo, proyecto y la construcción de la casa.
También haría posible que los damnificados que no tienen un terreno en los tres municipios afectados y sí en el resto de la isla puedan rehacer su vivienda habitual en ellos, y que el resto pueda disponer de solares que les permuten los ayuntamientos para que puedan construirse su vivienda habitual en el plazo de 2 años.
