Los afectados por la erupción volcánica asociados a distintos colectivos reciben con esperanza el nuevo decreto regional que permite reconstruir sus viviendas en otros terrenos que hasta ahora estaban calificados como agrícolas o rústicos, pero siguen lamentando la falta de participación y de consenso, así como que se obvie su participación en la toma de decisiones.
Aunque son conscientes de los beneficios que puede traerles esta decisión legislativa, que reciben como una medida positiva, albergan dudas sobre su aplicación y el desarrollo que tendrá en el territorio, así como en la recuperación de las viviendas arrasadas por las coladas.
En ese sentido, el presidente de la Plataforma de Afectados, Pablo Domínguez, confirmó que el decreto tiene «una faceta positiva», ya que «facilitará la construcción a los que perdieron la vivienda», que «podrán construir con unas ciertas facilidades en terrenos rústicos y obtener la licencia». Una visión que comparte el presidente de la Asociación Social de Afectados, Juan Vicente Rodríguez, pero que lamenta cómo se ha elaborado: «sin contar con nosotros», con una toma de decisiones en la que «no hemos estado».
También desconocen de dónde se saca la cifra de 50 viviendas que podrán acogerse a la nueva normativa
En cuanto a la cifra dada por el Gobierno de 50 viviendas nuevas que podrán acogerse a ese decreto, Pablo Domínguez transmite su extrañeza pues desconoce «de dónde sacan ese dato», ya que tan solo en las cercanías de su antigua vivienda «son más las familias que lo han perdido todo», mientras que para Juan Vicente Rodríguez debe tratarse de una mala interpretación o «confusión que hay que aclarar», a la vez que supone que esa cantidad de afectados deben ser los que están actualmente en los registros y los que «a día de hoy se pueden beneficiar» del contenido del decreto ley.
La nueva normativa está dirigida a aquellos afectados que posean algún otro terreno en el que podrán reconstruir su casa. Igualmente, se les da la posibilidad de adquirirlo, pero siempre que sea dentro de los tres municipios afectados, aspecto este que supone un hándicap para Juan Vicente Rodríguez, pues hay vecinos con propiedades en otros municipios y no pueden acogerse al decreto. «Con la tristeza que tenemos, es dictatorial que no nos dejen construir en otro municipio», recalca, cuando «existen varios casos en la asociación de personas que quieren marcharse del Valle, pero que no pueden hacerlo con este decreto».
