La Iniciativa de Apoyo Ciudadano de afectados por el volcán de La Palma ha dirigido este viernes un escrito al Defensor del Pueblo en el que exige que las administraciones realicen un reparto inmediato del dinero de las administraciones y de las donaciones para las necesidades urgentes; una solución habitacional real con todas las garantías para salvaguardar la vida e integridad física de las personas; participación de los perjudicados en la toma de decisiones sobre su futuro, así como un ejercicio de transparencia por parte de las instituciones acerca de los recursos económicos existentes y a qué van a ser destinados.
Ante esos planteamientos, el Defensor del Pueblo afirma que, "además de valorar y atender la queja registrada esta mañana (...) por un colectivo de afectados por el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma", se va "a abrir una actuación de oficio sobre la situación de los damnificados por los efectos producidos por el volcán (...) y sobre la respuesta de las administraciones a esta situación sobrevenida".
Un portavoz de dicha organización ciudadana, Alberto Álex Hernández, explica que la emergencia por la erupción ha pasado por varias fases y ahora se debe atender la relacionada con la situación económica, habitacional y laboral de los afectados. "Pero las ayudas no llegan", opina.
Según Hernández, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos han recibido unos doce millones de euros en donaciones por parte de particulares o empresas a lo largo de los últimos cuatro meses. De esa cifra global, el representante de la Plataforma indica que se han repartido cuatro millones.
Pero manifiesta que "hay gente que no tiene ni para comprar pañales para sus hijos" y ya hay ciudadanos del Valle de Aridane que se están planteando trasladarse a otras islas para poder trabajar e iniciar "una nueva vida", en la medida en que el "motor económico" de dicha comarca está paralizado, en referencia a la zona platanera, el destino turístico de Puerto Naos, las viviendas vacacionales, las explotaciones de aguacates y otros frutales, así como la actividad de bares, restaurantes, gasolineras, comercios diversos e, incluso, una sucursal bancaria.
Recuerda los casos de los vecinos que, junto a su casa particular, han perdido uno o dos apartamentos de uso turístico, que les servían para completar una pensión o bien para costear los estudios de sus hijos o nietos en Tenerife, Gran Canaria o la Península, por ejemplo.
Respecto a las ayudas de emergencia previstas por el Gobierno del Estado, que contemplan unos 60.000 euros por unidad familiar, Alberto Álex Hernández señala que, hasta ayer jueves, solo se han resuelto 75 expedientes. Es decir, que por dicho concepto se han repartido, en total, 4.500.000 euros a ciudadanos perjudicados por las coladas lávicas.
Pero la cifra de personas afectadas asciende a unas 7.000, de las que cerca de 4.000 son damnificadas directas que han perdido su vivienda, sus terrenos y la forma de vida que tenían hasta el 19 de septiembre pasado.
Otra de las quejas de la Iniciativa de Apoyo Ciudadano ante el Defensor del Pueblo está relacionada con el Plan de Reubicación de los damnificados llevado a cabo por el Gobierno de Canarias. En opinión de Álex Hernández, "se están instalando casas de madera sobre bloques y dudamos mucho que cuenten con el visado del Colegio Oficial de Arquitectos y cumplan con las exigencias en medidas de seguridad, higiene, aislamiento y habitabilidad".
En este apartado, aclara que "quienes hemos construido viviendas unifamiliares sabemos la cantidad de requisitos que se nos exigen", por lo que cuestiona que en "en estas cabañas" se cumplan los mismos. Señala que las citadas casas de madera se empiezan a conocer en el Valle de Aridane como "los barracones de la vergüenza, por lo que esto hay que denunciarlo".
Las autoridades hablan de que dichas construcciones de madera son "una solución temporal", pero Alberto Álex recuerda el caso de los vecinos de unas viviendas sociales situadas en El Paso que se mudaron a unas casas modulares hace casi 30 años con esa misma condición y todavía siguen allí. Por eso se pregunta si ahora ocurrirá lo mismo.
Además, afirma que un terreno en suelo rústico que antes de la erupción se vendía por 12.000 o 13.000 euros, en estos momentos su precio ha subido a 30.000 o 40.000 euros. Y la posesión o adquisición de uno de ellos es una de las opciones que tienen quienes han perdido su casa y sus fincas, según el movimiento cívico.
En opinión de Alberto Hernández, "hasta el 19 de septiembre, éramos ciudadanos de pleno derecho, pero desde entonces se nos trata como si fuésemos mendigos y las administraciones estuviesen haciendo obras de caridad", a pesar de que, desde su perspectiva, "tienen recursos de sobra" para resolver la situación de miles de personas.
En la Iniciativa de Apoyo Ciudadano se preguntan si para los responsables de las instituciones públicas palmeras los damnificados por la erupción son la prioridad, a la vista de los proyectos que se anuncian y las necesidades reales de miles de residentes en el Valle de Aridane.
Hernández piensa que el reparto de donaciones debe realizarse con urgencia para que las personas puedan pagar la comida, el alquiler de viviendas o los libros de sus hijos, por ejemplo, a raíz de lo que define como la mayor catástrofe natural en Europa en los últimos cien años.
Cree que el dinero para las familias "llega a cuentagotas" y, respecto al que siguen guardando las administraciones públicas palmeras, dice que "ya veremos cómo se gestiona" en los próximos meses o años, "pues si no llega a los vecinos es como si no hubiera nada".
