A tan solo semanas de la erupción iniciada a principios de 2009, las autoridades chilenas coincidieron en que la ciudad de Chaitén debía ser reconstruida en su actual ubicación, y que las obras comenzarían una vez declinara la actividad eruptiva. La autoridad regional subrayó también sus intenciones de convertir a Chaitén en la «Venecia de Chile». Pese a la euforia del primer momento, en la que se anunció la construcción de 500 casas en el sector a escasos metros de la ciudad, fue luego apaciguada por las autoridades locales, más realistas sobre la indefinición del cómo y dónde se refundaría el nuevo «vecindario». El dónde fue el que dio paso al debate de opiniones.
Igual que en La Palma, las autoridades públicas movilizaron varias medidas administrativas para mejorar las condiciones de vida de los lugareños: un bono por familia de 500.000 pesos chilenos (549 euros), además de otro 20.000 pesos (21,9 euros) adicionales por cada carga familiar; becas de apoyo a los universitarios afectados; la condonación de intereses y multas, sumada a la postergación del pago de impuestos y obligaciones con la hacienda pública, por parte de los desplazados, y la compra, por parte del gobierno, de las propiedades dañadas por la erupción, a precio de mercado anterior al evento.
Durante esos años se detectaron diversas irregularidades en el pago del bono Chaitén, cuya responsabilidad quedó diluida entre las administraciones públicas y que fue subsanado posteriormente.
Un proceso largo que hay que realizar con la participación social, la cooperación institucional y la implicación de las universidades a fin de articular un proyecto de vida de los lugareños para el futuro próximo
Uno de los sectores económicos más afectados por la catástrofe fue la agricultura. El ministerio responsable destinó bonos de hasta 700.000 pesos (769 euros) a alrededor de 1.140 productores. En contraparte, la llegada de turistas nacionales y extranjeros a Chaitén creció en un 50% –turismo científico e interesados en conocer de primera mano lo que aconteció en la ciudad–.
Después de recorrer la zona, los ministerios implicados avanzaron lo que ya temían los vecinos: Chaitén era inhabitable. Y se aventuró que esa condición podría perdurar por al menos dos años. El papel de la federación de municipios fue relevante como mediadora.
Los primeros estudios respecto de la relocalización de Chaitén apuntaron que la solución estaba al norte de la ciudad, que salió prácticamente ileso del desastre. Varias constructoras importantes se movilizaron a negociar con el gobierno, que lo desmentía. Asuntos de capitalidad y de la gobernación generaron malestar en la población, quejándose la ciudadanía de falta de participación ciudadana. Se encargaron informes a las universidades para valorar el nuevo asentamiento, valorando el tiempo de ubicación, el desarrollo productivo de las zonas y el tiempo para volver a la normalidad. Se habilitaron nuevos servicios públicos con mejora de redes de telecomunicación.
El plan de reconstrucción habitacional durante el segundo mandato de la presidenta Michalle Bachelet contempló la edificación de 240 viviendas, en tanto que el proyecto de reconstrucción total se planeó para cinco años y contó con una inversión de 66.000 millones de pesos.
La reconstucción se trata pues de un proceso largo, que hay que realizar con la participación social, la cooperación institucional y la implicación de las universidades para una toma decisiones proyectadas no solo al presente de emergencia sino al proyecto de vida de los lugareños en el futuro próximo.
