El consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, anunció ayer la compra de 200 casas prefabricadas, de dos y tres dormitorios, que se instalarán en suelo cedido por los ayuntamientos afectados por la erupción del volcán de Tajogaite: El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.
Estos 200 inmuebles, que junto a los pisos con los que cuenta el Instituto Canario de Vivienda y los adquiridos por el Ejecutivo regional, permitirán contar antes de final de año con unas 300 viviendas para atender la emergencia habitacional que se ha creado con las familias que han perdido su vivienda por el avance de las coladas.
Sebastián Franquis anunció la adquisición después de participar en una reunión a la que asistieron el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, los alcaldes de El Paso, Sergio Rodríguez, y Tazacorte, Juan Manuel Rodríguez, y la alcadelsa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal. El consejero autonómico informó que los 300 informes sociales ya realizados desvelan que son 154 familias que han perdido su vivienda. Además, señaló que ese número se va a seguir incrementándose, centrándose los esfuerzos de las instituciones en afrontar esa crisis habitacional.
Las primeras 18 viviendas
Franquis admitió en la comparecencia de prensa que ya están disponibles las primeras 18 viviendas y que se trabaja con la consejería para cerrar los procesos administrativos que permitan adquirir otras 46 en Tazacorte y 29 en Los Llanos de Aridane, antes de que finalice el año. Además, el Instituto Canario de Vivienda también ha puesto a disposición otras siete residencias, y también se dispondrá de 23 más en El Paso, que habrá que reformar. De esa manera, Sebastián Franquis señaló que se espera contar antes de final de año con 125 viviendas a disposición de las personas afectadas.
Previo a la intervención de consejero regional, la responsable de Servicios Sociales del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, recordó que actualmente hay 453 personas realojadas. La consejera palmera definió como la «mayor preocupación» de esas familias la pérdida de su vivienda. Con los datos que obran en poder de la administración, con cifras aportadas por el Catastro, son 1.287 edificaciones que han sido destruidas por la lava, de las que 1.036 son de uso residencial.
Hernández puso de relieve que «sin duda, muchas son segundas residencias y viviendas turísticas», pero aun así, «es una cifra que nos da una idea de la dimensión del drama al que se enfrentan muchas familias», dijo. De ahí, añadió, que sea tan importante que todas las personas que están fuera de sus casas «vean los avances que se están haciendo entre todas las administraciones, trabajando mano a mano, para buscarles una alternativa habitacional que les permita tener un techo bajo el que puedan volver a empezar de nuevo».
Las primeras viviendas podrán ser entregadas a final de la próxima semana, adelantó el consejero, para lo que ha sido imprescindible la labor realizada por los trabajadores sociales que han realizado una «labor incansable», destacó Franquis, visitando a cada uno de los afectados. La Consejería ya ha iniciado el trámite para poder adquirirlas a la espera de los informes técnicos que avalen la disposición de suelo que ha sido cedido por los tres ayuntamientos y el Cabildo para cubrir esta emergencia social.
Peticiones de los economistas
Los Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, con el apoyo técnico del Consejo General de Economistas de España, han presentado más de una veintena de propuestas para aliviar el «gravísimo desastre» económico ocasionado por la erupción de La Palma. Estas propuestas han sido remitidas al Gobierno central y a los ministerios de Hacienda y de Asuntos Económicos para que, una vez valoradas, sean tomadas en cuenta y se realicen los ajustes necesarios en los Presupuestos Generales del Estado que se están tramitando en las Cortes. Para el presidente del Consejo General de Economista de España, Valentín Pich, «de no cumplirse las expectativas de recaudación del Gobierno, el hecho de incrementar todavía más el gasto público puede acabar generando un elevado déficit de indeseables consecuencia para nuestra economía, pero estamos hablando de una situación dramática y excepcional en un lugar de nuestra geografía con una población reducida, por lo que entendemos que las autoridades deberían ser magnánimas ante esta catástrofe».
