La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, manifestó ayer, ante los representantes del Cabildo de a Palma y de los municipios afectados por el volcán, el compromiso del Ejecutivo central por cambiar normativas urbanísticas y administrativas para tratar de agilizar la reconstrucción en La Palma una vez acabe la erupción.
En una rueda de prensa Rodríguez recordó que se ha creado un grupo de trabajo liderado por el Gobierno canario para que, «con esfuerzo creativo», se busque la manera de agilizar plazos en diversos campos.
«El problema no puede ser la burocracia», señaló la ministra, para quien «esto acabará cuando se recupere la vida y la normalidad» de los ciudadanos. Por lo que no se trata solo de aportar ayudas o inversiones en infraestructuras sino de «la voluntad de participar en la recuperación».
En ese sentido, anunció que a comienzos de la próxima semana su ministerio transferirá al Cabildo de La Palma una primera partida de 500.000 euros –de un fondo de 38 millones– para ayudar en los primeros costes relacionados con las carreteras. En cartera está financiación para obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular, cuya estimación de daños hasta hoy es de 10 millones de euros; ayudas para obras en la red viaria afectada por el siniestro –LP-212 (Tacande), LP-213 (Puerto Naos-El Remo), LP-2132 (Tazacorte por la Costa)– cuya estimación de daños alcanza los 27 millones.
