El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, propugna una gestión desde la «respuesta activa» al desastre natural provocado por el volcán de La Palma centrada en las personas. La entidad considera que los procesos burocráticos-administrativos han de adaptarse a las personas y no a la inversa y exige que se actúe a través de planes de atención individualizados tanto para las familias que han perdido su vivienda, como para los empresarios, autónomos y trabajadores.
El CES considera fundamental establecer objetivos concretos y fijar períodos temporales para dar una mínima certeza a los damnificados y alerta sobre el riesgo de que «la pobreza sobrevenida» que pueda provocar la catástrofe se convierta en permanente.
Dos semanas después de iniciarse la erupción, el CES manifiesta su preocupación ante las primeras señales de los procesos y procedimientos que se han puesto en marcha para dirigir y gestionar la respuesta de las instituciones para la superación de los daños causados por la catástrofe natural. Estos procedimientos basados en el «modelo burocrático-administrativo», en el cual «las personas han de adaptarse a los procedimientos formales establecidos por las distintas administraciones, procedimientos que son, en sí mismos, incapaces de afrontar la diversidad de situaciones individuales», advierte.
Ante ello, el órgano consultivo en materia económica y social del Gobierno regional reclama superar este tipo de procedimientos tradicionales e ir hacia un modelo de gestión centrado en las personas. «Propugnamos la primacía de las personas, tanto físicas como jurídicas, sobre los procedimientos burocráticos, de tal forma que sean éstas el centro de los procesos y procedimientos, y donde las estructuras administrativas hayan de ajustarse a la diversidad individual», asegura el CES en su pronunciamiento sobre la catástrofe de La Palma.
El CES considera «imprescindible» establecer un marco temporal de actuaciones, que permita a los damnificados disponer de la necesaria certidumbre sobre la superación y salida de su situación actual, con el fin de que no se dilaten los plazos en la recepción de las ayudas como ha ocurrido en otras tragedias naturales, así como los planes que se van a poner en marcha para recomponer las pérdidas provocadas por la erupción.
En el ámbito empresarial se considera necesario «el conocimiento previo de las realidades existentes para reactivar, en el corto plazo, las actividades económicas, inyectando la liquidez necesaria y estimulando la demanda interna. Junto a ello se hace necesario, en el ámbito laboral, disponer de mecanismos de protección laboral específicos, evitando la destrucción de puestos de trabajo».
También preocupa que esta situación enquiste las situaciones de pobreza sobrevenida, como consecuencia de la pérdidas sufridas, y se conviertan en situaciones de pobreza permanente. «Por ello es imprescindible y prioritario generar los mecanismos de protección básicos», añade el CES.
Un millón de la Fecam
El órgano ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha aprobado la propuesta de los 14 municipios palmeros, respaldada por los 88 ayuntamientos canarios, para donar un millón de euros de fondos propios a la construcción de viviendas para los cientos de familias damnificadas por el volcán.
El acuerdo alcanzado en la tarde del viernes «supone una demostración de solidaridad y unidad del municipalismo canario, frente a una catástrofe que deja a cientos de familias sin hogar». «Es ahora, frente a hechos de esta magnitud y ante necesidades imperiosas, cuando los ayuntamientos debemos sumar fuerzas para buscar soluciones reales a los problemas de nuestros vecinos», según el comunicado emitido por el órgano de gobierno de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Esta donación se suma a la acordada por los cabildos, que decidieron aportar 10 millones a la reconstrucción por los destrozos del volcán de La Palma.
