El Gobierno de Canarias y el de España se ponen las pilas ante la situación social y económica provocada por los efectos de la erupción volcánica de La Palma. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunció ayer, tras reunirse con los miembros del Ejecutivo autonómico, la elaboración de un plan especial de reconstrucción para La Palma con medidas estructurales a medio y largo plazo para relanzar la actividad económica y recuperar lo que ha arrasado el volcán de Cumbre Vieja. Lo que hay ya sobre la mesa son iniciativas inmediatas a corto plazo que suponen los primeros 16 millones de euros por parte del Gobierno canario para adquirir viviendas, ayudas sociales y subvenciones a empresas y agricultores, mientras que el Estado declarará el martes a La Palma como zona de emergencia de protección civil –nueva denominación de zona catastrófica– con medidas y partidas urgentes para apoyar a las familias más afectadas y el restablecimiento de infraestructuras básicas como carreteras y regadíos.
Las administraciones coordinan desde hace varios días las medidas a aplicar de inmediato y se están realizando las primeras modificaciones presupuestarias y las partidas de contingencia destinadas a aliviar las necesidades más perentorias de los afectados. El jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, señaló la creación de una oficina permanente de atención a la población afectada ubicada en Los Llanos de Aridane que estará atendida por técnicos y profesionales «para conocer su situación personal, patrimonial, el daño producido y darles respuestas de la forma más rápida posible desde las distintas áreas regionales y del resto de administraciones, por ejemplo en el ámbito psicológico», añadió.
Torres incidió en las medidas relacionadas con la vivienda que se han ido anunciando en los últimos días. Como recursos de emergencia los albergues y el acuartelamiento que seguirán funcionando de forma permanente para la primera atención a los afectados. Establecimiento turísticos de la isla ya acogen a familias afectadas mientras la Consejería de Vivienda y la empresa Visocan aceleran los trámites para adquirir una primera tanda de un centenar de pisos. Aunque la Consejería de Vivienda ha dispuesto de los primeros tres millones de euros para esta compra, Torres indicó que en el presupuesto autonómico hay una bolsa de 39 millones de euros que se priorizarán para La Palma.
Si el número de damnificados aumenta se preparan otras alternativas como la compra de unidades modulares de viviendas prefabricadas o, incluso, el uso de cruceros, «para lo que ya se ha hablado con las autoridades portuarias», precisó Torres.
Hacienda ya está realizando las primeras modificaciones del presupuesto para liberar partidas por la vía de urgencia. Seis millones de euros se destinarán a ayudas sociales a las familias más vulnerables y otros siete millones para líneas de ayuda a las empresas afectadas y también para los agricultores cuyas tierras o cultivos se han visto afectados por el paso de la lava. También se pondrá un marcha un plan de formación y empleo.
Una medida más a medio plazo es la puesta en marcha de un equipo de trabajo en materia de planificación territorial para disponer de suelo con el fin de volver a arraigar a estas personas en su entorno previo. Sin embargo, se trata de un proceso más complejo ya que supone cambios en el planeamiento y recalificaciones de suelo con el acuerdo de todas las administraciones implicadas, incluso normativa básica del Estado.
Medidas del Estado
El presidente Pedro Sánchez aseguró ayer de forma taxativa que el Gobierno central pondrá sobre la mesa medidas a corto plazo en el Consejo de Ministros del martes pero, sobre todo, trabajará en la reconstrucción de la isla en los próximos meses y años. «Los palmeros deben saber que contarán con el respaldo de todas sus administraciones y con todas las herramientas del Estado», remarcó.
En una primera fase los fondos del Estado complementarán los de la Comunidad Autónoma, que será la encargada de ejecutar las medidas de carácter inmediato. Junto a la declaración de zona catastrófica, Sánchez adelantó que se aprobarán medidas de acción rápida para paliar los daños cuya reparación exija una mayor urgencia y para ello se activará un equipo interministerial coordinado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que trabajará en permanente contacto con el Ejecutivo regional para cuantificar y desarrollar las actuaciones.
La declaración de La Palma como zona de emergencia de protección civil irá acompañada de una serie de medidas que se traducirán en ayudas inmediatas en materia de vivienda, bienes de primera necesidad, mantenimiento y abastecimiento de los sistemas de regadío, restablecimiento de la movilidad y el transporte de personas y mercancías, comercios y empresas afectadas. Asimismo, esta línea de ayudas incluirá una regulación específica de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la isla para proteger el empleo de quienes se hayan visto afectados por la emergencia volcánica.
El jefe del Ejecutivo estatal lanzó la iniciativa de un plan especial de reconstrucción para la isla bonita en el que se está trabajando en coordinación con la Comunidad Autónoma, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos más afectados. En este sentido, se aprobará un real decreto ley que contendrá actuaciones más estructurales como medidas urbanísticas y dotación efectiva de recursos para reconstruir los entornos urbanos destruidos, medidas para aportar una solución definitiva y personalizada a los ciudadanos que hayan perdido su vivienda habitual, plan de infraestructuras para recuperar la movilidad en la isla, plan de infraestructuras agrarias para recuperar la red de riego en las explotaciones agrarias, plan energético que prevea líneas de transporte y distribución de energía eléctrica por las zonas más protegidas de la isla y favorezca la implantación de renovables y un plan de relanzamiento del turismo en La Palma.
Junto a ello Pedro Sánchez propone la celebración de la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos en diciembre en la isla bonita como gesto de apoyo del resto del país.
