Lío jurídico y legal a la vista. Las lenguas de lava ocupan suelo en su paso devastador hacia la costa y se llevan por delante miles de metros cuadrados de terrenos privados, muchos de ellos de uso agrícola. Cuando pase lo peor de la catástrofe llegará el embrollo que va a suponer para los propietarios y para las administraciones públicas determinar la calificación de este suelo y cómo se compensa a los que han perdido sus propiedades al tener encima de ellas más de seis metros de lava que inutilizan el uso del terreno.
Hay muchos precedentes sobre incendios, inundaciones, seísmos y otros desastres naturales, pero muy poco de las características de lo que está ocurriendo en La Palma, por lo que las lagunas jurídicas son importantes en España sobre este problema. Los expertos consideran que se afronta una situación legal y jurídica de una «complejidad enorme» que no tiene fácil respuesta.
El abogado David Sánchez Lanuza, especialista en Derecho Urbanístico y Administrativo, explica que «una cosa es la propiedad, que seguirá siendo privada, y otra cosa es que la capa que queda encima y que tenía una calificación urbanística determinada –asentamiento rural, suelo rústico o urbano– ahora probablemente pase a ser espacio natural protegido por las características de la Ley del Suelo». Este cambio no supone que los afectados por la lava dejen de ser propietarios del suelo, ya que en otros espacios protegidos de las Islas hay propiedades privadas, sino que donde antes podía hacerse una casa o cultivar un terreno ahora no se podrá hacer. «La complejidad es importante y cambiar la ley no es nada sencillo sobre todo si afecta al medio natural», señala Sánchez Lanuza.
«La colada ha pisado muchas capas de planeamiento y todo indica que en el futuro esos terrenos solo podrán ser espacio natural protegido porque será imposible recalificar algo donde no se puede hacer nada, por lo que vamos a tener muchos propietarios que tenían casa y plantaciones que ahora van a tener un suelo protegido», añade el jurista.
El arquitecto y urbanista Faustino García Márquez advierte también de que en las distintas leyes de espacios protegidos de Canarias siempre se ha establecido que los malpaíses y espacios afectados por la lava son protegidos y lo mismo puede suceder en los terrenos invadidos por las coladas en La Palma. Otra cosa es que la propiedad de esos suelos sigue siendo privada a no ser que el Gobierno abra expedientes y establezca indemnizaciones a los afectados, algo poco probable. De hecho, García Márquez no recuerda ningún caso de indemnizaciones por este tipo de casos.
También tiene su complejidad que el Gobierno, el Cabildo o los ayuntamientos recalifiquen terrenos en otros lugares para compensar a los afectados con casas o suelos para cultivar y ahí se tendrán que determinar si esos terrenos a recalificar son públicos o privados.
Mientras la Administración y los propietarios se enfrentan a un embrollo jurídico, no así sucede con el terreno que surja en el caso de que la lava llegue al mar. La ley es clara al respecto y todo el terreno nuevo que salga de la erupción en la costa es de titularidad estatal porque así lo determina la Ley de Costas de 1988 y la Constitución. Tanto David Sánchez como Faustino García coinciden en que el dominio público marítimo terrestre es del Estado y todo el terreno que se gane al mar también. De acuerdo con la Ley de Costas, pertenecen al dominio público marítimo terrestre estatal los terrenos o islas que estén formadas o se formen por causas naturales en el mar territorial o en las aguas interiores de los ríos, hasta donde se hagan sensibles las mareas. El deslinde sigue establecido en 100 metros hacia el interior.
