El empeño de un vecino de Santa Cruz de La Palma por recurrir una propuesta de sanción por una infracción de aparcamiento, realizada por la Policía Local de la capital, y posteriormente resuelta como una multa por los Servicios Jurídicos del Consistorio, revela la falta de competencias del Ayuntamiento como órgano sancionador en los espacios afectados por el Puerto.
Este largo proceso se inició tras una multa en una de las zonas transitadas de entrada al muelle de Santa Cruz de La Palma, concretamente en un punto cercano a la puerta norte de la instalación, donde unos conos balizan uno de los carriles antiguamente utilizados como aparcamiento y que actualmente están inutilizados por esos elementos.
A pesar de estas prohibiciones, es habitual que sigan estacionándose vehículos en ese espacio, donde la Policía Local de Santa Cruz de La Palma sanciona con una falta grave a los propietarios de los vehículos que «no respetan la prohibición de paso establecida mediante señal de balizamiento», y realiza una propuesta de sanción de 200 euros.
Esto ocurrió también en este caso, pero con el «problema» para la autoridad municipal de encontrarse con un vecino que conocedor de la situación comenzó un proceso administrativo con varios recursos y solicitud de documentación tanto a la Autoridad Portuaria, como al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, descubriendo la irregularidad que durante años se ha estado produciendo en la gestión del tráfico rodado en algunas de las vías más importantes de la capital palmera.
Lo cierto es que la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece que es competencia de la Autoridad Portuaria el realizar «la ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre» en sus instalaciones, pudiendo de esa manera «aplicar el régimen sancionador y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio público portuario».
Estas competencias se aplican también a las zonas de servicio del puerto, que en el caso de Santa Cruz de La Palma abarca desde el lado norte toda la circulación alrededor de la Plaza de la Constitución y de la plazoleta del Kilómetro 0, incluyendo por supuesto los aparcamientos cedidos por la Autoridad Portuaria, además de toda la Avenida de Los Indianos en sus dos carriles, hasta la altura de la Casa del Mar, y la carretera del Galeón hasta su cruce con la calle Sebastián Arozena.
No obstante, se da la circunstancia que tanto en la Avenida de Los Indianos como en la Carretera del Galeón existen zona Verde y Azul de limitación de aparcamiento, que incluso durante una época fue de pago, y donde es habitual la sanción por parte del Ayuntamiento por exceder de límite horario.
Entre la documentación a la que ha tenido acceso EL DÍA figura un certificado emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en el que se atestigua que «no existe acuerdo de colaboración» entre el Consistorio capitalino y la Autoridad Portuaria «para el ejercicio de competencias en materia de ordenación y control de tráfico dentro del dominio público de jurisdicción del puerto».
Teniendo en cuenta que se entiende por Ley que es competencia de los municipios la «regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en vías urbanas de su titularidad, así como denunciar las infracciones que se comentan en dichas vías y la sanción de las mismas», se da la circunstancia de que en este caso no se cumple al no ser titularidad municipal, ni contar con ningún acuerdo de cesión de competencias por parte de la Autoridad Portuaria.
Y es que este mismo organismo, a través de otro oficio firmado por su director general, al que también ha tenido acceso este periódico, especifica que las competencias de tráfico siguen estando entre sus atribuciones, manteniendo la capacidad de «aplicar el régimen sancionador y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio público portuario», y recayendo en la Policía Portuaria.
Ante la falta de ese acuerdo de cesión de competencias se ponen en cuestión todos los procesos sancionadores iniciados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en los últimos tiempos ante cualquier situación que tiene que ver con el tráfico de vehículos en todos estos espacios, además de la legalidad de aquellos controles de velocidad y alcoholemia que también se realizan habitualmente en la Avenida de Los Indianos.
