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Denuncian la ilegalidad de la ordenación de Puerto Naos por «intereses familiares»

Izquierda Unida relaciona a Mariano Hernández Zapata con los propietarios de unos terrenos

Puerto de Naos, en Los Llanos de Aridane.

Puerto de Naos, en Los Llanos de Aridane. RAMÓN PÉREZ

La supuesta ilegalidad del proceso de tramitación administrativa de la ordenación del núcleo costero de Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane, ha vuelto a ser puesta sobre la mesa del pleno municipal, al entender que podría ser «contraria a Derecho» por la relación del presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, con los propietarios de unos terrenos afectados.

Ha sido el grupo municipal de Izquierda Unida Canaria quien denunció la situación en la sesión plenaria convocada para subsanar diversos aspectos del Instrumento de Planificación Singular Turística para la ordenación estructural y pormenorizada del Litoral de Los Llanos de Aridane, cuya remisión al Cabildo fue aprobada por mayoría en diciembre de 2020.

La denuncia de IUC se refiere a la participación de Mariano Hernández Zapata en diversas reuniones para la tramitación de este instrumento de planificación, «a pesar de tener que abstenerse de intervenir en el asunto dados los intereses de familiares suyos en los terrenos que van a convertirse en suelo turístico».

Podría ser «contraria a Derecho» por la relación del presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, con los propietarios de unos terrenos afectados

En la sesión, el portavoz de IUC, Felipe Ramos, señaló que «tras alertar en el pleno del 29 de diciembre de 2020 de estos hechos, solo ha recibido silencio por parte de las administraciones implicadas en la tramitación del planeamiento, cuando todo parece indicar que lo que deberían es haber iniciado un nuevo expediente si querían seguir tramitando este instrumento de ordenación del territorio», destacó. Ramos aludió en el pleno a un requerimiento de subsanación de la institución insular remitido al consistorio llanense, en el que a lo largo de 25 páginas no se refiere a ninguno de estos hechos denunciado públicamente por su formación política.

Para Ramos, «desde la Consejería de Ordenación del Territorio y desde sus servicios jurídicos, algo se tendría que decir sobre la obligación de los cargos públicos de abstenerse de intervenir en procedimientos en los que haya vínculos con parentesco de consanguinidad, como sucede en este caso», algo que añadió se recoge en leyes como la de Régimen Jurídico del Sector Público, la Reguladora de las Bases de Régimen Local y la de Transparencia o la jurisprudencia.

IUC recuerda su rechazo a un planeamiento que afecta a una superficie de 28,25 hectáreas, de las que 21,22, concretamente el 75%, están dedicadas al cultivo del plátano «en una de las zonas de la Isla con mejores rendimientos económicos».

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