«Mi hija no superará alejarse del mar»

Emma y los propietarios de otro medio centenar de viviendas de El Faro, La Zamora y Puntalarga se enfrentan a la conclusión del proceso administrativo iniciado por la Dirección General de Costas para comunicar los derribos de estas construcciones en el litoral por invadir el dominio público marítimo-terrestre. Unos recibieron una carta, otros, ilocalizables, a través de Boletín Oficial de la Provincia, pero ya la oficialidad de la comunicación hace que el siguiente paso sea, si no lo evita un juzgado, la demolición de esos asentamientos costeros.

No es una situación nueva para ellos. El proceso comenzó en 2005, cuando incluso algunas familias claudicaron y permitieron que Costas procediera al derribo de una decena de casas. El resto inició un proceso judicial sin éxito que llegó hasta el Tribunal Supremo en 2013. Pero la que se esperaba fuera una pronta ejecución de demolición se retrasó, al menos, hasta ocho años. Ahora ya se acerca a una realidad. Estos vecinos se agarran a la posibilidad de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife pueda paralizar la orden de ejecución de derribo. Esa es su última esperanza.

La historia de Emma

Mientras tanto, Emma abre las puertas de su casa para contar su historia. A pesar de estar anexa al callado de la playa, cuenta con accesibilidad. En su interior, una habitación que no tiene nada que envidiar a la de un centro terapéutico para atender a Isabel, su hija, y en el recibidor, un gran ventanal adaptado para que la niña esté constantemente escuchando y respirado el ambiente marino. Todo en esa casa está hecho para ella. Isabel está junto a la puerta en una cuna. Su interacción con el mundo no va más allá de un movimiento de ojos para escrutar levemente al extraño que se atreve a llegar a su casa y, eso sí, esbozar una ligera sonrisa cuando su madre interactúa con ella.

Isabel tiene seis años. Fue a raíz de su nacimiento cuando la familia decide trasladar su vivienda a la costa del municipio. Descubrieron que cada vez que la niña se acercaba al mar mejoraba su respiración. Incluso los médicos le pidieron que por su bien siga en la costa. Ahora esa es su única casa. Emma relata que el embarazo fue «normal», pero tras el nacimiento «llegó el impacto». Algo había pasado durante el parto. El único diagnóstico que tiene Isabel es el de una enfermedad rara, pero sin especificar cuál. La afección que sufre le provoca crisis que hacen que sea necesario suministrarle oxígeno. Llegó a tener hasta 100 en un día.

Pero Isabel no fue siempre así. A pesar de sus problemas comenzó a gatear, incluso con sujeciones dio sus primeros pasos y a decir las primeras palabras de cualquier otro niño. Pero su problema seguía ahí, y una medicación provocó «que se quedara plana», relata su madre, «hasta el punto de correr peligro por ahogarse con su propia saliva». El mar mejora la saturación de oxígeno de Isabel, «le provoca un montón de cambios positivos», que le permiten dormir y comer con normalidad. De eso se dieron cuenta los especialistas que la atienden en la clínica Sant Joan de Déu, en Barcelona, como en el Hospital Universitario de Canarias, de Tenerife, conscientes de que la cercanía al mar se convirtió en parte fundamental del tratamiento rehabilitador de la niña.

Ya tuvieron la experiencia de tener que abandonar la casa para realizar reformas o cuando van a visitar a sus médicos a Barcelona y Tenerife, y el estado de la niña empeora al alejarse de la costa. Por eso, Emma lo tiene claro, y en el único momento de la conversación en el que su fortaleza desaparece para dejar paso a la emoción, reconoce: «Mi hija no superará alejarse del mar».

La madre de Isabel reparte su tiempo entre su hija y hacer de nexo entre los más de medio centenar de vecinos de El Faro, Puntalarga y La Zamora y el abogado que los representa. En su sofá acumula documentación de todos y cada uno de ellos. Los cuidados de la niña la obligan a «pasar mucho tiempo en casa», por lo que es ella quien se encarga de escanear y enviar al equipo jurídico lo que requiera para la defensa.

Precisamente, la conversación con Emma se ve interrumpida por otra vecina, Abundia Cáceres. Es una persona tímida, que al ver a este periodista casi no traspasó el umbral de la puerta. En su mano portaba más documentación para ser escaneada y trasladada a los servicios jurídicos que les están prestando ayuda.

Más de 40 años

Mientras Emma realizar ese proceso, parca en palabras, lamenta que lleva toda su vida en ese núcleo costero, «más de 40 años», y aunque su primera vivienda es otra, confiesa que su vida siempre estuvo vinculada al mar y a lo que supone la costa de Fuencaliente. Abundia llegó en la primera época en la que los pescadores recibieron las autorizaciones del Ministerio de Marina para ubicar allí sus casas. Todas eran familias de pescadores, y pagaban sus tributos a esta institución.

Abundia lamenta la situación incierta de estas casas. Vive con la angustia de que, como ya sucediera años atrás, un día llegue el final de la vinculación histórica de estas familias con el mar, y que por la decisión de Costas entren en Puntalarga las excavadoras para terminar con todo. Pero mantiene la esperanza de que todo se arregle. «Son nuestras casas», dice mientras Emma le devuelve los documentos ya escaneados, cortando tajantemente la conversación y marchándose.

Emma y su familia son conscientes de que cualquier día sucederá lo mismo que en 2006, cuando ya fueron derruidas las viviendas de algunos de sus vecinos. «Vivimos con ese miedo en el cuerpo», lamenta, pero muestra su total confianza en que el equipo jurídico que dirige el abogado José Luis Langa pueda resolver la situación.

Nicolás Martín es un hombre enérgico, conocido en toda la Isla por su vinculación con la música de orquestas, y que reconoce que «si no tenemos energía no nos queda nada». Esa fortaleza la está usando también para representar a sus vecinos en Puntalarga y ser una de las voces que más se está escuchando estos días en defensa de los intereses de los propietarios de esas viviendas afectadas por el dominio marítimo terrestre que marca la Ley de Costas. Vive con tranquilidad este mes de agosto, conocedor de que los juzgados están de vacaciones y debe ser un juez el que de la autorización o niegue que las excavadoras entren en el asentamiento costero en el que tiene una casa heredada de la familia de su esposa. Pero es consciente de que «en septiembre comenzará todo otra vez», confiando en que también sea un mes en el que «los políticos hagan su trabajo» y cumplan las promesas que en estas últimas semanas realizaron a todos los vecinos de El Faro, Puntalarga y La Zamora reunidos en asamblea.

Tiene la premisa clara de seguir luchando «para que entiendan nuestros condicionantes», para lo que considera que es imprescindible que todos los afectados permanezcan unidos. Nicol, cómo es conocido en el ambiente artístico de La Palma, conoció a su mujer hace 21, y afirma que desde entonces está en la playa. La casa pertenecía a su abuelo, que era pescador profesional, y que «pagaba su contribución y un canon a la Marina», que fue quien les dio autorización para hacer el asentamiento poblacional que llega hasta estos días.

Por eso defiende que se trata de un núcleo costero vinculado a pescadores profesionales, añadiendo que actualmente «había muchísimos que dedicaron toda su vida a la mar» y que lo único que tenían era estas casas a la orilla de su fuente de trabajo y de alimento.

«Era una época en la que no había carreteras», carecían de servicios de abastecimiento de agua y para vender sus productos tenían que «subir por las laderas hasta llegar al pueblo». De esa manera se forjó el carácter de unas gentes apegadas al mar y que gracias a la «generosidad» de la Marina pudieron construir sus casas en la costa «pasando de generación a generación», defiende Nicol.

Muestra también su desconfianza en el proceso que les está tocando vivir. Para Nicol «hay otro motivo» para que Costas decida iniciar ahora este procedimiento de demolición tras más de quince años desde que un juez dictaminara el derribo inmediato. Se pregunta porque tardaron tanto en hacer esa ejecución de sentencia y deja en el aire que «hay algo más por parte de la administración».

Aun así, piensa que este es un problema que pueden resolver, considerando que «puedes entrar como culpable a un juicio y salir como inocente, o al revés» y haciendo hincapié en que hasta que no llegue el día no sabrán que sucederá. En definitiva, luchan para no perder una casa, pero también una comunidad, considerando que si tienen que abandonar la costa «nos matan en vida».

Confianza en una solución

Los vecinos de estos núcleos costeros afectados por la orden de derribo siguen confiando en que exista una solución para salvar estos reductos marineros. Es el caso de Javier Lorenzo, vecino de El Faro. Tiene claro que sería «fácil» declarar Bien de Interés Cultural la veintena de casas que conforman este espacio. «Nuestras viviendas están integradas en el entorno desde hace 60 años», defendiendo que no existen construcciones nuevas y se respetó al máximo el espacio. Javier es natural del municipio vecino de Villa de Mazo, y confiesa que se enamoró de El Faro cuando por primera vez llegó a esa costa. Tenía tan sólo doce años. «Fuimos en un jeep de los antiguos, y después de un montón de tiempo por una pista de tierra», hace hincapié con entusiasmo, «encontré aquella laguna de agua transparente y mar en calma».

Aquellas acampadas

Desde ese día su relación con este espacio continuó. Durante años aprovechaba las vacaciones y fines de semana para acampar en esa playa. Se quedó «prendado del sitio», y Javier con unos 20 años ya sabía que su futuro tenía que estar vinculado a ese lugar. Fue entonces cuando con sus primeros ahorros compró una furgoneta y a partir de entonces ya venía acompañado de la familia que creó.

Más tarde le llegó la oportunidad de adquirir una vivienda de una familia que emigraba de la Isla. Confiesa que fue a través de una escritura privada, pero también hace frente a impuestos municipales como el IVI, aparece en su declaración de la renta como propiedad, además de contar con servicios de luz y agua. Incluso su pareja está empadronada en esa vivienda que ahora Costas quiere derribar. Javier se refiere a que la casa fue construida fuera del dominio marítimo terrestre de aquella época, pero la modificación posterior de los límites ya la incluyó en zona prohibida.

El Faro es «un asentamiento consolidado que incluso tiene servicios municipales», insiste Javier, quien se lamenta que los vecinos no se pusieran de acuerdo antes para pintar todas las casas iguales, arreglando puertas y ventanas, y dando una imagen más clara de un lugar pintoresco que, aun así, es muy apreciado por los turistas. Ellos, señala Javier, «aprecian este espacio y también lo disfrutan, y no se creen que quieran tirarlo». Por eso se atreve a decir que «es un crimen que nos quieran tirar esto».

Ahora, queda «confiar en que el equipo jurídico nos salve de esta situación», que no se haga efectiva «esta injusticia» y «se respete a los pescadores profesionales» que aún siguen desarrollando su labor en este entorno.