La Agrupación de Bomberos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha pedido mediante escrito dirigido al Cabildo de La Palma una reunión para resolver la supuesta inseguridad jurídica con la que se está prestando el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento.

Aluden a que este se está realizando a través de una empresa y con personal laboral y «en contra del marco normativo que establece la propia Función Pública Canaria y otras leyes estatales», señalan. En la actualidad, trece de los catorce municipios de la Isla no tienen la obligación de contar con un servicio de bomberos dado que, tras la aprobación de la ley de racionalización y sostenibilidad a finales de 2013, es competencia y responsabilidad de los cabildos insulares prestar el servicio de extinción de incendios y salvamento.

Así, reclaman que el actual «modelo irregular» desarrollado por el Cabildo insular le permite «cumplir con sus obligaciones», pero bajo el marco normativo vigente, no ofrece seguridad jurídica. El mismo se está llevando a cabo a través de una empresa privada constituida en su mayoría con el personal de la antigua agrupación de voluntarios de la Isla. Estos trabajadores prestan sus servicios como personal laboral y, además, «la empresa se encajó en un consorcio de servicios diversos, generando aún más problemas», denuncia el sindicato.

Partiendo del criterio de la Función Pública Canaria, la cual establece que los bomberos en Canarias deben ser funcionarios públicos, dado el desarrollo de sus funciones y competencias, FSC-CCOO plantea un modelo de gestión directa y servicio público con personal funcionarios de carrera por parte del Cabildo de La Palma, que es quien tiene las responsabilidades y competencias en esta materia.

Debido a que solo el municipio de Los Llanos de Aridane tiene más de 20.000 habitantes, apuntan a que la mejor fórmula puede ser la constitución de un Consorcio de Emergencias, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que integre la participación de todas las administraciones locales de la Isla, los catorce ayuntamientos y el propio Cabildo, al que se sumaría con cuota de participación y voto el propio Gobierno de Canarias, tal y como ya sucede en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.

De esta forma, con la creación de un Consorcio que tenga como únicas competencias y fin de actuación las emergencias, prevención, extinción de incendios y salvamento, se puede crear una estructura con personal funcionarios de carrera «que sí cumpliría con los preceptos legales que actualmente deben cumplir las administraciones públicas Canarias con las leyes que se han ido aprobando desde el año 2013», apuntan.