Los vecinos afectados por la Ley de Costas de las zonas de Puntalarga y El Faro en Fuencaliente ejercitan diferentes acciones legales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife para evitar el derribo de sus casetas, que en algunos casos es la primera vivienda.

Tal como explicó el letrado y presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González, «son varias las figuras legales en las que nos amparamos, pues las circunstancias que concurren también son distintas».

La mayoría de estos asentamientos recibieron el pasado junio, del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, una orden de ejecución para el desalojo forzoso y la demolición de más medio centenar de viviendas, 25 en El Faro y más de 30 en Puntalarga, que afectarán a unos trescientos vecinos. El letrado indica que las medidas cautelares solicitadas «son completamente necesarias».