Las tradicionales y reconocidas calzadas de Villa de Mazo, cuyas obras para mejorar la movilidad y permitir la peatonalización han levantado numerosas críticas al sustituir las piedras centenarias por losetas prefabricadas, no constan en ningún catálogo de patrimonio ni pesan sobre ellas figura alguna de protección.

Las críticas a la intervención que se está realizando, y cuyos trabajos se han paralizado, no tienen soporte jurídico ni legal, por lo que no existe amparo normativo para proteger su sustitución y evitar de esa manera que sean extraídas muchas de esas piedras para seguir desarrollando las obras.

Lo cierto es que se trata de un proyecto redactado en el año 2017 que comenzó hace unas semanas impulsadas por el Cabildo insular y el Ayuntamiento de Villa de Mazo, con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), y con las que se pretende dotar de accesibilidad y mejorará el tránsito de los peatones en estas calles, invirtiendo 228.070 euros

La que era defendida como una obra para facilitar la movilidad, dotando al casco urbano de la localidad de calles accesibles, mejorando los tramos de aceras, mediante la colocación de nueva pavimentación, ha recibido el rechazo no sólo de los grupos políticos, sino también de colectivos de protección del patrimonio, que han visto como en los tramos donde ha avanzado la obra han desaparecido prácticamente un tercio del ancho de la tradicional piedra.

Ahora, con la paralización de los trabajos por parte del Ayuntamiento se espera a la celebración de una reunión entre colectivos, representantes políticos y técnicos municipales y del Cabildo insular para informar sobre el desarrollo de los trabajos y posibles soluciones a la intervención.

La alcaldesa del municipio, Goretti Pérez, ha hecho hincapié en que se trata de un proyecto «heredado», recalcando que «no hemos atentado, ni lo haremos, al patrimonio del municipio», aunque reconoce que las calzadas son una seña de identidad del de Villa de Mazo.

Desde el consistorio se muestran partidarios a reevaluar la intervención para «valorar lo que haya que cambiar y hacer la obra lo menos impactante», señaló Pérez, quien además advirtió que «es normal que estén preocupados, están en su derecho, yo también lo haría», apostilló.