El debate del sobrecoste de los combustibles en las denominadas Islas Vedes ha provocado un acuerdo en el Parlamento de Canarias que permita elevar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) la apertura de un expediente de investigación para que aclare si hay un abuso de posición dominante por parte de las operadoras que llevan a La Palma, La Gomera y El Hierro el carburante.

La terna de presidentes de cabildos de estas islas lleva reclamando una actuación de este tipo desde hace meses, denunciando el sobrecoste que supone para los habitantes de estos territorios la adquisición de cualquier tipo de combustible, que en muchos casos supera el 30% de incremento respecto al resto del archipiélago canario.

Ayer, en una comparecencia en comisión parlamentaria a solicitud del Grupo Mixto, la consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, detalló que la situación «no es nueva», pero se ha acelerado desde 2012 cuando la entrada de nuevas empresas en las islas capitalinas aumentó el diferencial de precios.

La consejera mantuvo el rechazo del Ejecutivo a impulsar exenciones fiscales o bajadas de impuestos para tratar de abaratar el coste del carburante en las Islas Verdes, amparada en un estudio realizado por el profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Juan Luis Jiménez, que apunta hacia la falta de competencia como clave del problema, pero si abogó por evitar los «abusos» de los operadores del mercado.

Por ese motivo anunció que se solicitará a la CNMC la apertura de un expediente de investigación donde se aclare si hay abuso de posición dominante, entidad que ya está recabando información sobre aprovisionamiento de las empresas, datos de venta y precios, y si se confirma que hay una infracción grave, las empresas se enfrentan a sanciones de hasta un 10% de su volumen anual de negocio.

Máñez comentó en la comisión del Parlamento que el Gobierno canario sigue «vigilante» para evitar uniones de mercado que perjudiquen la competencia y reclama «transparencia» en los precios, recordando que las ayudas al transporte incluidas en los presupuestos de 2020 eran incompatibles con ayudas de Estado.

Lo cierto es que los consumidores de estas islas soportan precios que de media suponen hasta 35 céntimos más por litro respecto al coste establecido en gasolineras de las mismas compañías situadas en Tenerife.

En cada isla, el precio del combustible es diferente, sin embargo, en La Palma, La Gomera y El Hierro la diferencia es mucho mayor. Así, por ejemplo, en julio de año 2019 la diferencia del precio de la gasolina 95 entre La Palma y Tenerife era de 18,70 céntimos. El junio de 2020 de este año esa diferencia subió a los 20,54 céntimos, mientras que actualmente alcanza una media entre los 30 y 40 céntimos de euros.

Una de las propuestas puestas sobre la mesa por los cabildos afectados es la declaración de la construcción de nuevas gasolineras como interés público. De esa manera, con la entrada de nuevos inversores, se favorecería la competencia en el mercado de la distribución de combustible, utilizando esta herramienta administrativa para frenar el oligopolio, en el caso de La Palma, y el monopolio en La Gomera y El Hierro, de este sector.