La Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA), entidad que representa al mayor número de trabajadores del campo palmero, ha puesto sobre la mesa la petición para el uso compartido de las redes contraincendios que se encuentran en zonas de medianías, donde también existen cultivos.

De esa manera, el sector primario podría hacer uso del suministro de agua durante el invierno para garantizar por una parte el mantenimiento de las canalizaciones y conducciones de cara en las épocas en las que sean precisas para luchar contra el fuego, a la vez que les permitiría tener acceso a los recursos hídricos.

El presidente de la asociación, Miguel Martín, a través de unas declaraciones realizadas en Radio La Palma, recuerda que en episodios vinculados con el fuego que han afectado a los montes palmeros, como el del pasado verano en Garafía, fueron precisamente cultivos de viña y proteas los que frenaron las llamas.

Por eso defiende que este tipo de actuaciones para prevenir incendios forestales no es sólo una oportunidad para defender los intereses del sector primario palmero y garantizar determinados cultivos, también para permitir el relevo generacional y conservar el paisaje como atractivo turístico.

En ese aspecto destacó que almendros y viñedos son el mayor cortafuego de toda la parta alta de las medianías de la Isla, por lo que se aúnan los intereses de los agricultores en obtener rendimientos del campo con la necesidad de proteger los montes palmeros ante los incendios.

Quiso también Miguel Martín opinar sobre el desencuentro público que se está dando entre el Cabildo insular y los ayuntamientos de Puntagorda, Tijarafe y Garafía, donde precisamente la viña continúa expandiendo cultivos y se generan conflictos sobre los otros usos del territorio, concretamente turísticos.

Aseguró el presidente de ASPA que «no existen tantas diferencias» entre las administraciones locales, invitando a alcanzar un consenso «que permita a los ayuntamientos avanzar, al Cabildo organizar el territorio y a los trabajadores del campo sacar rendimientos», dijo.

Miguel Martín considera que hay una interpretación diferente de la Ley de Islas Verdes «que se puede solucionar con diálogo, permitiendo a los agricultores tener otra serie de ingresos a través del turismo».