Hasta cinco trabajadores de la sede principal de la Diputación del Común, en Santa Cruz de La Palma, se han visto obligados a acudir a los tribunales, y más concretamente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para reclamar sus derechos laborales como personal adscrito a una entidad regional en una isla periférica.

Bajo la actual dirección de Rafael Yanes, el órgano lleva más de dos años sin dar respuesta a escritos presentados por los funcionarios de La Palma en los que reclaman que se ejecute una resolución firme de su predecesor en el cargo, Jerónimo Saavedra, en la que se reconoce el error que se estaba cometiendo en las nóminas de estos trabajadores, al no incluírseles la cantidad que les corresponde en concepto de indemnización por residencia en isla no capitalina o menor, con el mismo derecho que el resto de los funcionarios del Archipiélago canario.

Hay que destacar que este proceso interno que resolvió Jerónimo Saavedra está viendo las dificultades interpuesta por Yanes, que contrariamente a asumir la decisión anterior, está obligando al personal perjudicado a costear un abogado y procurador para acudir a los tribunales y que les sean abonadas las cantidades reconocidas en concepto de indemnización por residencia en isla menor.

En total son más de 60.000 euros acumulados desde 2013 a tres trabajadores funcionarios de La Palma, a los que hay que añadir otros dos trabajadores que mantienen el mismo proceso abierto desde fechas anteriores.

La indemnización por residencia en islas es un concepto por el que todo el personal funcionario cobra una cantidad que viene fijada por los Presupuestos de la Comunidad Autónoma año tras año.

En ellos se diferencia entre residencia en islas mayores y residencia en islas menores, estableciéndose las cantidades que corresponden a cada una.