La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ha decidido paralizar las expropiaciones incluidas en el proyecto inicial de la carretera LP-1 a su paso por el municipio de Tijarafe hasta que alcance un acuerdo con cada uno de los propietarios afectados. En principio eran 32 los inmuebles que se incluían en la servidumbre de seguridad del trazado de la carretera, y que actualmente han sido reducidos a tan sólo una decena que sí coinciden con la nueva carretera. Fue el consejero insular de Infraestructuras del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, quien en una entrevista en ElTime.TV envió un mensaje de tranquilidad a todas las familias afectadas, añadiendo que “no se va a tocar ninguna vivienda en Tijarafe sin acuerdo entre el propietario y Obras Públicas”.

Perdomo reseñó que, aprovechando la visita del director general de Infraestructuras Viarias, José Luis Delgado, se mantuvo un encuentro para tratar estos asuntos, en los que se puso sobre la mesa la preocupación de una treintena de vecinos afectados.

El consejero palmero incidió en que es momento para “resolver el problema”, estando actualmente a la espera de que la Consejería regional remita en el mes de abril el listado de esas diez edificaciones afectadas al continuar estando en el trazado o en la servidumbre más cercana a la carretera, dejando fuera otra veintena que “no vamos a tocarlas con la carretera”, dijo el consejero, comprobando también en el Catastro si las afectadas son residencias o no. Por último, siendo tajante, Borja Perdomo incidió en “que quede claro, no se va a tirar una casa sin que esto se haya resuelto. De hecho, hay obras suficientes para empezar la obra sin tener que molestar a ninguna vivienda. Hay viaductos por hacer”, por lo que “no se va a tocar ninguna vivienda sin que haya un acuerdo entre el propietario y la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias”, concluyó.

La situación provocó las quejas de los vecinos afectados, que amparados en el Ayuntamiento de Tijarafe solicitaron a Obras Públicas una modificación del proyecto y el cambio de la línea límite edificable, y de esa manera salvar la mayor parte de las viviendas afectadas en el proceso de expropiación para las obras de mejora de la carretera. La petición se acompañó de un estudio técnico de la situación de cada propiedad, en el que además se aportaban planos y fotografías, con el objetivo de proteger a esos propietarios de perder sus viviendas.