Más de 1.200 palmeros esperan la valoración de la discapacidad

Un total de 1.250 personas permanecen a la espera de que se resuelva el proceso administrativo de un convenio entre Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y el Cabildo, y que se realicen en la Isla las pruebas y exámenes de valoración de discapacidad.

Las trabas administrativas que desde la Consejería regional se mantienen contra ese acuerdo, que lleva desarrollándose de igual manera desde 2012, mantienen paralizado el convenio que permitiría realizar en La Palma la elaboración de los informes necesarios para la valoración y observación que faciliten obtener el grado de discapacidad.

De esa manera son más de 1.200 personas las que siguen a la espera, después de prácticamente un año, para tramitar sus expedientes y sufriendo un agravio en el ejercicio de los derechos que por ley les corresponden si se les reconociese el grado de discapacidad.

La consejera insular de Acción Social, Nieves Hernández, ha vuelto a requerir al Gobierno de Canarias la necesidad de que se resuelva esta cuestión, poniendo de relieve “el enorme perjuicio” que se le está causando a estar personas que aún no pueden solicitar pensiones no contributivas por invalidez, ayudas económicas a la familia por hijo o hija a cargo, tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, reducción en el pago de algunos impuestos, acceso a puestos reservados para personas con discapacidad entre otros, “consecuencia de la desidia en este asunto por parte del Gobierno de Canarias”, señaló.

Defiende que la Institución insular mantiene la disposición de los medios necesarios que permitan la realización de estos informes necesarios para obtener de discapacidad, siendo imprescindible que se formalice, “de una vez”, dijo, el convenio que ampara a la administración local en la prestación de esos servicios.

En el marco del acuerdo con la Consejería regional de Derechos Sociales, es el Cabildo quien se encarga de la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirven de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad, a través de un equipo de valoración y orientación (EVO) en La Palma.

Este servicio se paralizó durante el estado de alarma y no se ha podido volver a reactivar dado que el convenio finalizó el 31 de mayo de 2020.

Por su parte, la oposición en el Cabildo de La Palma, a través de la portavoz de CC para los temas sociales, Ángeles Fernández, también ha responsabilizado al gobierno palmero de este retraso, señalando que “han sido incapaces de presionar al Gobierno de Canarias”. Fernández lamenta el “conformismo que ha demostrado el Cabildo en este asunto, incapaz de presionar al Gobierno de Canarias”.