La Mesa de la Mujer Rural de La Palma, con el respaldo de 29 entidades, empresas y asociaciones de la Isla, promueve la protección de los viñedos de Puntagorda, Garafía y Tijarafe frente a la creciente proliferación de establecimientos turísticos alojativos en suelo rústico, en detrimento del sector agrícola y ganadero.

A través de un escrito promovido conjuntamente con las bodegas y viticultores de la zona, solicitan a las consejerías regionales de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial su intervención para que la que consideran “contradictoria Ley de Islas Verdes”, no afecte al paisaje rural de esta zona del norte de La Palma.

A esta iniciativa se suman hasta doce bodegas adscritas a la Denominación de Origen Vinos La Palma de toda la geografía de la Isla, además de la propia entidad insular, generando un posicionamiento contrario a las directrices de esta Ley que “en teoría”, expone el escrito presentado, “pretende promover la búsqueda del uso racional y duradero de los recursos naturales”, prohibiendo que al mismo tiempo los instrumentos de ordenación establezcan limitaciones en el uso de los mismos.

Se trata de una circunstancia que, desde la Mesa de la Mujer Rural, alertan que ya está sucediendo, poniéndose en peligro algunos cultivos por la aplicación de la Ley de Islas Verdes, y generando que algunos varietales aún por estudiar científicamente estén en riesgo de desaparecer.

Por este motivo, los firmantes solicitan que  estos Paisajes Agrícolas de Especial Interés, según el Plan Insular de Ordenación de la Isla, sean objeto de seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente y se realicen limitaciones zonales al uso turístico.

En la reclamación, remitida a Alicia Vanoostende y José Antonio Valbuena, queda plasmada también la necesidad y petición de implantar  políticas públicas para la construcción de estrategias territoriales que promuevan el desarrollo local, que fortalezcan y modernicen el tejido agrícola desde un enfoque agroecológico, que fomenten el consumo de alimentos de proximidad y que también conserven el patrimonio vitivinícola “único en el mundo”. Por todo ello solicitan que el paisaje de viñedo de Puntagorda, Garafía y Tijarafe sea declarado Parque Agrario.

Defienden que esa declaración consolidaría  y protegería la actividad agrícola local, “fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas rurales”, a la vez que blindaría estos espacios del crecimiento urbano y masificación de infraestructuras turísticas.