La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, reitera al Gobierno de Canarias la necesidad de que se renueve el convenio que mantenían ambas administraciones y que permitía agilizar los trámites para obtener el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en La Palma. Hernández hizo especial hincapié en que este retraso supone que, a día de hoy, existan más de 1.200 expedientes pendientes de tramitar con todo lo que ello supone.
Hernández recordó que la Corporación insular y la Consejería de Derechos Sociales del Ejecutivo Regional llevan trabajando de la mano en este asunto desde 2016, año en el que el Gobierno de Canarias acordó encomendar al Cabildo de La Palma la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirven de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad, a través de un equipo de valoración y orientación (EVO) en La Palma.
“El hecho de tener la posibilidad de realizar todas estas gestiones en la isla, evita desplazamientos innecesarios a Tenerife y permite reducir los tiempos para obtener el reconocimiento de discapacidad correspondiente en cada caso, ofreciendo un servicio más eficaz y adecuado a las necesidades de la población”, aseguró.
La responsable de Acción Social detalló que este servicio se paralizó durante el estado de alarma y no se ha podido volver a reactivar dado que el convenio finalizó el 31 de mayo de 2020, pese a que se ha pedido en varias ocasiones al Gobierno prorrogar el acuerdo, “por ser un servicio fundamental”.
