La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias resolvió iniciar el expediente sancionador contra el Cabildo de La Palma y la empresa Tragsa por infracciones cometidas sobre el patrimonio arqueológico como consecuencia de la realización de obras de limpieza y adecuación del sendero cercano al yacimiento de Pinos Gachos, en Tijarafe.
Los hechos denunciados, producidos a principios del mes de octubre de 2020, destruyeron parcialmente la zona de Pinos Gachos, en el borde de la Caldera de Taburiente, que posee hasta ocho conjuntos arqueológicos, preferentemente grabados rupestres, pero también estructuras de amontonamiento de piedras y campamentos pastoriles.
La denuncia surge del Ayuntamiento de Tijarafe, que con fecha de 5 de octubre de 2020 emitió un informe realizado por una técnica municipal en el que da testimonio de que en la reparación del sendero se utilizaron “algunas piedras que presentan grabados rupestres”, y confirmando que esas piedras habían sido extraídas del yacimiento cercano de Pinos Gachos.
En ese momento, el Ayuntamiento de la localidad se encargó de paralizar esos trabajos y encomendó un primer estudio al arqueólogo Francisco Pérez Caamaño, quien concluyó que las variaciones producidas “han alterado sensiblemente aspectos de la estructura arqueológica; han removido y trasladado de su lugar más o menos original piedras con grabados rupestres; han afectado con herramientas metálicas diversas piedras con grabados rupestres, y han comprometido seriamente la interpretación arqueológica e histórica de esta estructura”, destacó en su informe.
Esa información es apoyada por informes del propio Cabildo insular y el realizado por una funcionaria de la Dirección General de Patrimonio Histórico, quien tras la visita realizada el 8 de octubre emite un documento en el que expone que “hubo manipulación de los grabados y algunos han sido colocados en el empedrado y muros del sendero”.
En el documento redactado por la técnica de Patrimonio también se pone de manifiesto que “han desaparecido tres de los paneles o rocas de las que había constancia que soportaban grabados rupestres”, circunstancia que en este momento merece la consideración de “daño irreversible para el yacimiento afectado”.
El informe destaca la desaparición de unos grabados rupestres que se encontraban en este yacimiento
El mismo documento expone que el proyecto de esta obra tenía que haber sido informado previamente a su inicio por el servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, echando en falta la señalización del yacimiento afectado e incidiendo en “la necesidad de tener una persona especialista en arqueología a pie de obra al ser un área susceptible, y que no es suficiente con una comunicación de inicio de obra sin prever posibles afecciones al patrimonio cultural”. Por todo ello, y dando por probado que “se han realizado intervenciones que podrían haber dañado bienes arqueológicos protegidos”, la funcionaria estima los hechos constitutivos de infracciones grave y muy grave de las previstas en la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias.
Así, en la propuesta de resolución fechada el 21 de diciembre, propone sancionar con hasta 262.500 euros al Cabildo Insular, como promotor, y con la misma cantidad a Tragsa, como entidad ejecutora, notificando la resolución a las partes y dando un plazo de quince días para formular las alegaciones, que ya concluyó. Además de las sanciones derivadas de las infracciones cometidas, los responsables deberán atender a la reparación del daño, es decir, sufragar el coste de las actuaciones que se deban realizar en los bienes muebles afectados para su reparación.
Mentiras en el Pleno
Coalición Canaria preguntó en pleno el pasado viernes sobre la situación en la que se encontraba este proceso de investigación sobre los daños del yacimiento arqueológico, requiriendo de nuevo el informe emitido desde Patrimonio del Gobierno de Canarias. En ese momento, tanto el presidente insular, Mariano Zapata, como la consejera insular de Medio Ambiente, María Rodríguez, negaron tener esa información.
Ahora queda constatado que fue remitida el 22 de diciembre al Cabildo, lo que para los nacionalistas supone que el gobierno insular “mintió” en el transcurso de la sesión plenaria. Desde CC señalan que “Mariano Zapata ocultó deliberadamente que el expediente se ha resuelto con una propuesta de sanción de 262.500 euros, comunicada al Cabildo el 22 de diciembre, con un plazo de quince días para presentar alegaciones”, desconociendo si esas alegaciones han sido presentadas.
La portavoz nacionalista, Susa Armas, se refirió además a que “en los últimos tres meses hemos solicitado hasta en cuatro ocasiones toda la documentación relativa a este asunto y, especialmente, los informes que tendrían que haber elaborado las consejerías de Medio Ambiente y de Patrimonio sobre la afección al yacimiento. Por ese motivo volvieron a reiterar la petición y “tanto el presidente como la consejera de Medio Ambiente negaron haber recibido el informe y ocultaron la sanción que propone el Gobierno de Canarias al Cabildo como a Tragsa”.
Transparencia y diligencia
La consejera de Medio Ambiente, María Rodríguez, señaló ayer que no hay ningún expediente sancionador resuelto y que la Corporación trabaja en las alegaciones.
La consejera defiende que la corporación insular ha actuado “con total transparencia y ha tomado las medidas pertinentes” desde que conoció los daños provocados en el yacimiento de Pinos Gachos, durante la ejecución de las obras de mejora del sendero GR-131 que estaba desarrollando la empresa pública Tragsa.
Asimismo, detalló que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno ha trasladado al Cabildo la resolución del inicio de un expediente sancionador, por lo que “es rotundamente falso que se haya resuelto el expediente”, tal y como señala la consejera de Coalición Canaria Jesús María Armas. De hecho, la responsable de Medio Ambiente indica que los servicios jurídicos están elaborando las alegaciones pertinentes al citado expediente.
A propósito, la consejera recuerda que la resolución dictada por la Dirección General de Patrimonio se notificó al Cabildo el pasado 28 de diciembre, fecha a partir de la cual se abrió un plazo de 15 días hábiles que aún no ha concluido para que las partes afectadas presentaran alegaciones.
