Fuerzas políticas, vecinos, empresas e incluso una congregación de la Iglesia Evangélica Bautista se unen con el mismo objetivo de conseguir paralizar la expropiación de 32 viviendas afectadas por el dominio público de seguridad de las obras de la carretera LP-1 a su paso por el municipio de Tijarafe.

Esa unión se plasmó en la pasada sesión plenaria extraordinaria celebrada en el consistorio tijarafero con el único punto a tratar de trabajar para resolver esta problemática que afecta a todas las edificaciones, fincas e infraestructuras paralelas al trazado de la vía en un margen de ocho metros a cada lado.

Por unanimidad de las fuerzas con representación en el pleno (CC, PSOE y PP), se aprobó solicitar a la Consejería de Obras Públicas, a modo de alegación global en nombre de todos los vecinos del municipio, que se paren las expropiaciones derivadas del proyecto y que se retrotraiga el expediente al momento administrativo anterior, lo que conlleva sacarlo a exposición pública.

La alegación global, que se suma a una segunda alegación para reducir el margen lateral de metros del dominio público de la carretera para dejar fuera de afección a multitud de viviendas, viene a realizan varias consideraciones jurídicas y técnicas.

Entre ellas, los servicios jurídicos de Tijarafe han encontrado lo que consideran un motivo de nulidad del procedimiento seguido, al limitar el derecho que tienen los interesados a presentar alegaciones ya que lo restringe a subsanar errores materiales de los bienes y derechos afectados. Al respecto, aclaran, “se ha hecho un trámite de información pública incumpliendo la Ley y la Doctrina del Tribunal Supremo”.

Así, se alega la falta de aprobación definitiva del proyecto ya que, el proyecto completo no estuvo expuesto nunca al público, solo su trámite ambiental, antes del modificado, y ahora el proceso de expropiaciones.

Esto, considera el Pleno, provoca la indefensión a los afectados derivada de la imposibilidad de oponerse a la inclusión de sus fincas en el proyecto expropiatorio y de cuestionar la necesidad de su ocupación. Lo que significa que, si se omite la información pública, falta un trámite esencial como título legitimador de la necesidad de ocupación.

Tanto Gobierno como oposición en Tijarafe coinciden en la necesidad de reconducir una situación que insisten, “les ha cogido por sorpresa”, insistiendo el alcalde, Marcos Lorenzo, en la necesidad de “volver al proyecto de 2016 y que se expropie solo lo necesario para el trazado de la carretera”