La Consejería de Infraestructuras del Cabildo, que dirige Borja Perdomo, sacará a concurso público este año los trabajos de limpieza de la red insular de carreteras, de manera que de forma estable y permanente se ocupen de esta labor fundamental en el mantenimiento de las vías las empresas que obtengan la adjudicación de estos contratos, que se realizarán en varios lotes.

El consejero destaca que este paso va a representar un salto cualitativo en lo que se refiere a la limpieza de la red viaria insular, de manera que se puedan mantener en el mejor estado de conservación los márgenes de las carreteras, promoviendo así la seguridad de los usuarios y también mejorando la prevención frente a los incendios forestales.

En este sentido, los presupuestos del Cabildo contemplan una partida para este fin de un millón de euros, ante la previsión de que el servicio pueda estar adjudicado a mediados del presente año 2021, una vez cumplido todo el proceso administrativo que por primera vez se realizará para este servicio desde la Corporación Insular.

Perdomo indicó que, hasta ahora, el Cabildo ha trabajado en esta materia atacando los puntos de la red de carreteras que presentaban un peor estado en cuanto a la proliferación de material vegetal y por los residuos arrojados por los usuarios a la vía. Y entiende que con este nuevo sistema que va a poner en marcha el Cabildo, se contará con un servicio permanente, que pueda trabajar de manera sistemática y más contundente en el mantenimiento más eficiente de las carreteras a lo largo de toda la anualidad.

Por el contrario, desde Comisiones Obreras (CCOO) se acusa al Cabildo de emplear la “doble moral” al trasladar a la sociedad como una mejora en el servicio público lo que “realmente es una privatización” de la limpieza y mantenimiento de carreteras. Así, desde CCOO califican este anuncio como un “último episodio en el desmantelamiento de lo público”, tras convocar el Cabildo el concurso público para el 2021.

Además, denuncian que ni representantes sindicales ni tampoco los trabajadores tienen a día de hoy conocimiento de estos cambios y señalan a los responsables políticos como los verdaderos autores de “una desastrosa” gestión en el área que se viene arrastrando “desde hace años”. Asimismo, achacan el pésimo estado de las carreteras de la Isla a una situación provocada de manera intencionada, “para de esta forma desembocar en la actual situación de caos y así poder justificar la necesidad de una privatización parcial del servicio”, señalan.

Como ejemplo detallan la amortización de diez plazas del servicio en 2017, informando CCOO que en ese momento se les anunció que esos trabajadores “no eran necesarios”, afirmando que “se privatizaría el mantenimiento de parte de tramos de carreteras secundarias”. Aseguran que tampoco se cubrieron bajas o jubilaciones, y que esa opción no mejoró el servicio, provocando que en situaciones de emergencia se recurriese a trabajadores insulares.

Desde CCOO se alude a la “doble moral” del Cabildo, ya que “mientras no se dota del personal y se incumplen los acuerdos alcanzados en la mesa general desde 2018”, ratificada en el 2020 en una subida salarial de 50 euros para los pocos trabajadores que quedan en el servicio, desde el Cabildo “se informa del trabajo realizado durante el temporal con los derrumbes, apertura y cierre de carreteras como logros propios”, concluyen.