Asprocan explora la vía judicial contra la ley que pone en peligro al plátano

la vía judicial para paralizar la normativa recogida en el Real Decreto de medidas urgentes de la Ley de Cadena Alimentaria que pone en peligro al plátano.

Esta medida fue ratificada ayer por Domingo Martín, presidente de Asprocan, quien apostó por seguir luchando “a través de la vía política y negociar con el Gobierno de Sánchez”, pero haciendo hincapié en que “no dejamos a un lado hacer prospecciones jurídicas para ir en contra de esta Ley, porque entendemos que hay argumentos de sobra para acudir a los tribunales”, dijo. En declaraciones a Cope La Palma, Martín recordó que esta Ley surgió en 2013, con la pretensión de que “la relación entre productores y distribución no fuera injusta, poniendo normas para proteger al agricultor”, aunque destacó que “pasó desapercibida porque la verdad es que no se estaba aplicando”. Esta situación cambió cuando “aparecieron por la puerta de muchas empresas inspectores de Madrid para comprobar su aplicación”.

Esto provocó que se descubrieran los “muchos defectos” que tenía la normativa para el sector, aunque según Martín “su cometido era positivo, pero cómo lo perseguía para nosotros era absurdo”.

Domingo Martín destaca que, a principios del año 2020, a raíz de las protestas en diferentes puntos del país, “el Gobierno quiere resolver la problemática con este decreto de urgencia para cambiar algunos aspectos de esa ley de cadena alimentaria anterior”, siendo el origen de la problemática actual. “Para nosotros lo que se ha hecho es complicar y agravar algunos aspectos que ralentizan el funcionamiento de los mercados y la rentabilidad de la fruta”, lamenta el representante de los agricultores, poniendo de relieve que la nueva normativa “aumenta los costes para el agricultor, provoca menos ingresos y, lo que es más grave, asigna un precio que hay que asegurar en el mercado”.

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Pérdida de producción.

El presidente de Asprocan confirma que su organización realizó estudios sobre las consecuencias económicas que provocará la aplicación de los cambios normativos impulsados por el Ministerio de Agricultura. En esos informes, “que le enviamos al Ministerio y a la Consejería regional”, se establece que está en peligro el 30% del plátano que se produce en Canarias, lo que supone una cifra aproximada de 100 millones de kilos que “deben quedarse aquí y no pueden comercializarse”.

Por tal motivo, señalan desde la organización, “se alertó de esta situación a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y al propio Ministerio de Agricultura desde el pasado mes de mayo y en reiteradas ocasiones”, previamente a las votaciones del Senado del miércoles. Además, llama la atención sobre que “las multas van a ser mucho más grave que antes”, razón por la que se inició el proceso de enmiendas para evitar que se incluyera al plátano en los epígrafes de esta Ley “que hace mucho daño al agricultor platanero de las Islas”.

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Sin respuesta.

Asprocan argumenta que las pérdidas estimadas por parte del sector “en ningún momento han sido rebatidas con datos y por escrito por parte del Ministerio ni la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, pues se trata de una interpretación de la norma clara y cuyo efecto sólo parece poder evitarse en la aplicación arbitraria de la Ley”. Por ello, desde el pasado mes de junio el sector pidió al Ministerio un documento escrito que le garantizara que las consecuencias expuestas en su estimación de daños no se hiciera efectiva. Una petición reiterada en dos ocasiones esta semana y que “aún continúa sin respuesta”. Por ello, el sector platanero aclara que “siempre ha sido un sector responsable, que representa a miles de familias y un movimiento económico que no puede estar al criterio discrecional de los responsables públicos de cada momento” y que, por tanto, “necesita una solución que aporte garantía jurídica. De ahí que la única vía abierta fuera la excepcionalidad rechazada la pasada semana”, lamentan.

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Movimiento político.

Asprocan trabajó con los distintos grupos políticos presentes en la Comisión de Agricultura del Senado para, “con mucho esfuerzo”, lograr un acuerdo. Aun así, Domingo Martín indica que “cuando esperábamos que todo saliera adelante, un movimiento del Gobierno, buscando contactos con partidos regionales, que no tienen nada que ver con el plátano ni con la región platanera, supone el voto en contra por un pacto”, un giro que considera “un poco absurdo”.

Ante esta situación, desde la organización de productores señalan que seguirán actuando para que la Ley no se ponga en funcionamiento por las repercusiones negativas que tendrá para el sector, confiando en la posibilidad de que “el Gobierno no nos envíe la Inspección, porque en semanas como ésta igual se tendrían que quedar aquí 6 millones de kilos de plátanos”, lamenta Martín.

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Terceros países.

En relación al control que se realiza en las explotaciones plataneras canarias, Martín lamenta que “Europa funciona con grandes exigencias para los productos europeos”, sometidos a legislación con muchas exigencias fitosanitarias y de seguridad e higiene”, mientras que señala cómo “lo que viene de fuera solo se controla en destino. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos en todo el proceso”, sin olvidar que esto provoca “una competencia desleal laboral y de calidad”.

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Socialistas palmeros.

El PSOE de La Palma ha entrado en al debate que existe sobre la protección del plátano canario afirmando, a través de sus redes sociales, que el producto “no está en peligro” y destacando que “la Ley de Cadena Alimentaria protege de abusos a los agricultores”. Los socialistas entienden la preocupación hecha pública por parte de Asprocan, por lo que representa la caída del precio del plátano por exceso de oferta, pero consideran que “es en la nueva ley donde se deben incluir estas cuestiones y no en un Real Decreto Ley de medidas urgentes aprobado en el Senado”. Afirman, además, que “el Ministerio de Agricultura ya trasladó al sector su compromiso de estudiar conjuntamente estas cuestiones”.