El debate sobre la atención que reciben los usuarios del Centro de Discapacitados de Triana, gestionado por el Cabildo de La Palma, centró la última sesión plenaria de la institución en la que la oposición reclamó mejores servicios para los usuarios, mientras el gobierno insular negó que estas personas con algún tipo de incapacidad estén confinadas.
Fue la consejera de CC, Ángeles Fernández, quien reclamó igualdad para los usuarios de este centro, de quienes dijo "llevan seis meses sin salir del centro". Pidió para ellos igualdad respecto a otros también de carácter insular, acusando al grupo de gobierno en el Cabildo de que "no les preocupa que no reciban un servicio como se merecen". Señaló que la institución insular financia la encomienda de gestión a la empresa Clece con dos millones de euros, indicando que "siguen mirando para otro lado mientras los residentes siguen confinados seis meses después".
La consejera de Acción Social, Nieves Hernández, quiso dejar claro que "los usuarios de Triana no están confinados", aludiendo a que desde el centro se realizan salidas terapéuticas recogidas en las normativas del 27 de julio y 20 de agosto, pero que se tienen en cuenta las limitaciones de salidas y visitas "cuando la situación sanitaria del centro no lo permite". Añadió la consejera que "dentro del centro hubo residentes con patologías característica de Covid, por lo que la normativa pide que se paralicen las salidas y visitas", recalcando también el "enorme esfuerzo que se está haciendo en el centro para cumplir la normativa".
