Una investigación interna de la Consejería de Infraestructuras del Cabildo de La Palma, que dirige el socialista Borja Perdomo, ha detectado presuntas irregularidades en la adjudicación y certificación de obras de asfaltado durante el inicio de este mandato, periodo en el que el área lo dirigió otro socialista, Anselmo Pestana, que en febrero de este año abandonó este cargo y el de vicepresidente de la Corporación palmera para convertirse en delegado del Gobierno central en Canarias. El Cabildo estudia si estas irregularidades detectadas por el interventor permitieron el enriquecimiento ilícito por parte de la empresa adjudicataria de los trabajos y algún técnico o responsable de la institución insular.

Malversación y cohecho

La investigación, adelantada por el digital ElTime.es y confirmada por EL DÍA, observa indicios de la presunta comisión de irregularidades económicas vinculadas al fraude, malversación de fondos públicos y cohecho. El Cabildo ha manifestado su intención de llevar estos hechos a los juzgados para que la justicia determine las posibles responsabilidades penales. La investigación interna considera que en los trabajos de asfaltado de la carretera de El Time, Las Angustias y Tijarafe, por importes superiores a 1,4 millones de euros, los contratos de adjudicación -pagados y con obras certificadas con aval técnico- no cumplían los pliegos concertados ni se correspondían con el valor económico. Es decir, el precio de las obras pudo ser inflado en comparación con el coste estipulado en la adjudicación.

Estos asfaltados, tal y como concluyen el estudio técnico y las catas, "no se realizaron en las condiciones contratadas, sino con la colocación de menos material del pagado y certificado en la finalización de las obras". La primera estimación de dinero público supuestamente defraudado, tras la realización de catas por personal técnico del Cabildo insular en las vías en las que se realizaron las mejoras de su firme, alcanza los 800.000 euros, prácticamente la mitad del precio de adjudicación de los trabajos, y que correspondería a los ahorros por no colocar la cantidad de asfalto contratada. Con el traslado del expediente a los juzgados, el Cabildo de La Palma pretende depurar las responsabilidades de la empresa contratista, los técnicos implicados y los responsables de la Consejería insular de Infraestructuras que avalaron esos proyectos.