El confinamiento de 350 ancianos en La Palma, usuarios de las residencias dependientes de ayuntamientos y el Cabildo palmero, y 39 adultos con discapacidad del Centro de Personas con Discapacidad de Triana, en Los Llanos de Aridane, continúa pese a la finalización del estado de alarma.

Mientras aumentan los cuadros depresivos de cada vez un mayor número de residentes, según reconocen los propios técnicos y cuidadores y como resultado directo de una situación que varias familias califican de "inhumana y anticonstitucional", la guerra burocrática entre los Servicios Jurídicos y las consejerías autonómicas de Sanidad y Asuntos Sociales continúa en el Gobierno de Canarias, donde el decreto que debe regular las salidas "en un marco de seguridad" no termina de ver la luz.

Amnistía Internacional en La Palma acordó preparar un informe detallado de la situación para su remisión a la dirección nacional de la organización no gubernamental. A este apoyo se suma la posible incorporación de la Federación de Mayores de La Palma. Una de las 400 familias afectadas, que logró la interlocución con la Dirección General de Discapacidad y Dependencia del Gobierno de Canarias, se reunirá la próxima semana con el máximo Diputado del Común, Rafael Yanes, a quien solicitará su mediación ante el Gobierno de Canarias.