Unos 2.000 autónomos y pequeñas y medianas empresas de la isla de La Palma han presentado la documentación para optar a las ayudas extraordinarias que el Cabildo ha convocado para paliar los efectos derivados de la crisis del coronavirus dentro del Plan Volver. En la elaboración de esas bases de concesión de ayudas participó la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, permitiendo disponer de un crédito de 4.5 millones de euros para ese fin.
Estas ayudas, calificadas por el presidente insular, Mariano Hernández Zapata, como "extraordinarias e históricas", fueron convocadas ante una situación "imprevista y tan dura como fue la crisis de la Covid-19, que obligó a un confinamiento y una paralización de la actividad socioeconómica salvo en sectores esenciales". Hernández Zapata hace hincapié en que el Cabildo palmero ha actuado con "la mayor rapidez posible para procurar la puesta en marcha de unas ayudas excepcionales para ayudar a la dinamización económica de nuestra isla en una situación igualmente excepcional".
Para los dirigentes de la Institución insular se trata de unas ayudas "cuya cuantía supone una inversión acorde con las necesidades de la población de la Isla", asumiendo desde el primer momento el reto y la obligación de "estar cerca de los palmeros y palmeras, de estudiar sus necesidades, de vincular nuestra gestión a sus prioridades y de realizar el mayor esfuerzo económico posible para apoyar a autónomos y pequeñas y medianas empresas que cada día tienen que abrir sus negocios pensando en seguir adelante a pesar de las dificultades", añade la consejera de Promoción Económica, Raquel Díaz.
De 1.000 a 3.000 euros
Las subvenciones se entregarán en función de las solicitudes recibidas con un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 3.000 para autónomo, empresa o profesional. Las ayudas permitirán cubrir al menos tres meses correspondientes a las cuotas de autónomos o mutuas profesionales; alquiler de oficinas, locales o naves; electricidad, agua, basura, telecomunicaciones, asesoría fiscal y laboral, publicidad o cualquier otro necesario para realizar la actividad empresarial. Optan a las mismas quienes no hayan cesado su actividad económica, pero hayan sufrido una reducción de sus ingresos de entre un 50% y un 74%, así como quienes se han visto afectados por el cierre de su establecimiento o hayan sufrido una reducción de, al menos, el 75% de su facturación.
Por su parte, la oposición en la Institución palmera, representada por Coalición Canaria, denuncia los que considera errores en la tramitación de estas ayudas, señalando los problemas que suponían algunos requisitos antes de la publicación de la convocatoria para garantizar la concurrencia competitiva a muchos de los posibles beneficiarios, por lo que los nacionalistas solicitaron la corrección de los mismos, petición no aceptada por el gobierno popular y socialista.
El grupo de Coalición Canaria insistió también, antes de la convocatoria de las ayudas, en que los justificantes de estar al corriente de pago de cualquier obligación fiscal no deberían exigirse en el momento de solicitar las ayudas, sino al final del proceso, cuando los beneficiarios ya hayan cobrado los auxilios económicos y tengan que justificar en qué las han invertido.
"Muchos autónomos contaban, precisamente, con esta subvención del Cabildo de La Palma para poder poner al día sus cuotas, si bien, tal y como se han planteado las bases de la convocatoria, se van a quedar fuera de esta subvención aquellos que por culpa del cierre de sus negocios durante el estado de alarma no han tenido ingresos con los que poder pagar sus cuotas, es decir, aquellos más gravemente afectados por la situación", lamentó el consejero nacionalista Jordi Pérez Camacho.
Críticas de Coalición
Igualmente, cuando se publicaron las bases para otorgar estas ayudas, Coalición Canaria advirtió que "no es justo" tomar el mes anterior a la presentación de la solicitud de la subvención como referente para valorar el descenso de facturación durante el estado de alarma, ya que "esto supone que, como las solicitudes se han presentado en junio, el mes de referencia es mayo que es, precisamente, cuando muchas empresas empezaron a retomar su actividad coincidiendo con el proceso de desescalada", por lo que consideran que deja fuera de la valoración la etapa más restrictiva del estado de alarma, desde mediados de marzo hasta finales de abril, y se perjudica a quienes retomaron la actividad en mayo, "frente a los que han preferido esperar hasta junio o julio para reabrir sus negocios", aclara Pérez Camacho.
