El Cabildo de La Palma celebró por primera vez en su historia una sesión plenaria de manera telemática en la que se dio luz verde al suplemento de crédito en el presupuesto insular por importe de 8.330.631 euros para luchar contra las consecuencias económicas derivadas de la pandemia sanitaria.

La principal partida tendrá como destino los autónomos y pymes de la Isla, que recibirán 4,5 millones en ayudas durante tres meses, así como los ayuntamientos, a quienes se les aportarán importantes cantidades para la dinamización del comercio local, destinando a los créditos extraordinarios poco más de 4,7 millones de euros.

En el apartado de suplementos de crédito se aumentarán las partidas destinadas al sector primario, al impulso empresarial, obras e infraestructuras y a las políticas de promoción turística, hasta alcanzar los casi 3,6 millones de euros. El presidente insular, Mariano Hernández Zapata, destaco que "la situación que atraviesa el mundo nos obliga a tomar decisiones urgentes y lo más rápidas posibles". Para configurar estas ayudas se ha procedido a dar de baja aplicaciones presupuestarias "que será imposible que se puedan ejecutar durante el año en curso", dijo durante el Pleno.

Además, indicó que espera que estas ayudas sirvan para que antes de que se alcancen los 60 días de confinamiento "podamos empezar a hablar de cierta apertura comercial", aunque en caso negativo anunció que se suplementarán las partidas económicas para aumentar las ayudas y "estar con quienes peor lo están pasando".

La institución palmera estima que serán más de 3.000 las peticiones que recibirá para acceder a estos auxilios económicos, para lo que se ha solicitado que sean tramitadas de urgencia.

Subvenciones extraordinarias

El vicepresidente y consejero de Agricultura, José Adrián Hernández, defendió los suplementos de crédito que se destinarán al fomento de infraestructuras y principalmente las aportaciones que se realizan para aliviar la situación de crisis en el sector primario. Serán 600.000 euros los que se destinarán con subvenciones extraordinarias para aquellos subsectores más afectados por la crisis.

La nueva aportación de ayudas supera la cuantía presupuestaria en el documento económico original, que ascendía a 530.000 euros y estarán dirigidas a los subsectores que más están sufriendo en su actividad el varapalo de la emergencia sanitaria, como la ganadería, tanto caprina como ovina; la flor cortada, en especial el cultivo de la prótea, y la pesca.

De hecho, recordó que el primer paquete de ayudas para la ganadería se puso en marcha su tramitación en tiempo récord para paliar la afección sobre la producción del queso palmero, cediendo a la vez la Central de El Paso al Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, Juan Ramón Felipe, cuestionó las bajas dadas en el presupuesto 2020 para otorgar estas subvenciones, así como la "escasa" aportación realizada en materia de promoción turística o la aportación a empresas por pérdidas económicas.

Felipe defendió que estas ayudas deberían concederse de forma nominal y tramitándolas de urgencia "más que a través de una concurrencia competitiva", y acusó al grupo de gobierno insular de actual de forma "lenta" en la búsqueda de soluciones. Añadió que una de las fórmulas para actuar de manera eficaz "es reforzar el personal que presta servicios en esos departamentos esenciales". Además, motivó la tardanza en realizar actuaciones por parte del Cabildo palmero por "esperar a lo que hacía el Gobierno de Canarias y el de España", cuando "la solución no es esperar por los demás", recalcó.

A pesar de las discrepancias, Coalición Canaria votó a favor de la concesión de estas subvenciones ya que "no puede ser de otra manera que estemos junto al grupo de gobierno", concretó el portavoz nacionalista, quien también quiso recalcar que "eso no significa que estemos de acuerdo con la forma de actuar del grupo de gobierno".

Aun así, surgió la discrepancia por la anulación de una subvención de 60.000 euros para la aplicación de justicia gratuita, lo que originó que el consejero nacionalista Jordi Pérez Camacho, abogado en ejercicio, votara en contra de la resolución.