El consejero insular de Planificación, el socialista Gonzalo Pascual, lamentó la sentencia dictada por el Contencioso-Administrativo respecto a la paralización del proceso administrativo del Plan General de Los Llanos de Aridane, considerando que se plantea "un revés muy duro para toda la Isla".

El responsable del planeamiento insular quiso dejar claro que la justicia ha dicho que los pliegos no son válidos y "ha puesto de nuevo el cronómetro a cero", indicando que aunque cabe la posibilidad de acudir a un recurso de apelación, "eso plantea un escenario de cuatro o cinco años para una sentencia firme", mientras que en el caso de que el Ayuntamiento decida seguir adelante con el mismo documento, "esté estará tocado y provocará volver al principio", con la consiguiente "pérdida de una década de trabajo".

Eso supone "un revés muy duro para La Palma", lamenta Gonzalo Pascual, quien entiende que "todos los planes generales son muy importantes y tenemos que plantear la isla de La Palma como gran tablero en el que se posibilite inversión y en el que cualquier empresario tenga un marco claro dónde invertir y también los que vivimos en la isla sepamos lo que podemos hacer en nuestro suelo rústico". Los Llanos de Aridane es el municipio con mayor población y "con mayor capacidad de atraer inversión, no siendo bueno para nadie lo que está sucediendo", señaló.

Asimismo, indicó que "aunque el Cabildo no tiene competencia en los planes generales, es un problema porque el Plan Insular se está revisando constantemente y adaptándose a las necesidades de la población. Tenemos que plantear siempre a diez años vista que modelo de isla queremos, no puede ser reactiva y estar siempre reaccionando a solucionar problemas".

Los procesos administrativos "son largos", afirmó el consejero, quien entiende que "hay que dar los pasos firmes y seguros", por lo que, en este caso, con "una demanda justa" por parte del Colegio de Arquitectos, el Ayuntamiento tenía que haberse "allanado", y comenzar el proceso de nuevo.

Gonzalo Pascual dió la razón a la demanda presentada contra este proceso, al entender que la cuantía de licitación, que rondaba los 150.000 euros, "era muy baja", concluyendo que "se tenía que haber sido más cauto, porque el dinero en un municipio con 20 millones de presupuesto no era el problema".