Los inspectores del Área de Salud de La Palma han podido comprobar y certificar los malos olores que desde hace tres años tienen que soportar los vecinos de Malpaís de Triana, en Los Llanos de Aridane, producidos por la elaboración de compost en una parcela cercana a sus viviendas.

Los técnicos realizaron al menos dos visitas a los aledaños de la actividad donde se realiza el compostaje, en concreto los días 11 y 17 de octubre, "detectando los malos olores en la zona de las viviendas colindantes a unos 113 metros de la industria" objeto de la polémica.

Los inspectores hacen hincapié en que para desarrollar las actividades en este tipo de plantas, deben tenerse en cuenta "notas técnicas de prevención". Así, se evalúa "la exposición a agentes químicos y biológicos que puedan producirse en este proceso", subrayando "los efectos sobre la salud en los trabajadores". Finalmente, proponen una serie de medidas preventivas.

En el informe del Área de Salud se sostiene que esta planta de compostaje, que realiza su labor en una parcela de unos 2.000 metros cuadrados, debe inscribirse en el registro de gestores de tratamiento de residuos no peligrosos. A juicio de los inspectores, "es una actividad clasificada al ser molesta, pudiendo alterar las condiciones de salubridad, así como producir riesgo para las personas".

Los técnicos advierten de que ante los malos olores que han podido percibir, "se deben aplicar medidas correctoras para minimizar los riesgos dado su carácter fermentable, su alto contenido en humedad y los peligros de provocar contaminación del suelo y agua, si no se tratan con la celeridad y métodos adecuados".

Aclaran que la problemática de los residuos "no solo debe ser contemplada desde la perspectiva medioambiental, sino también desde la salud pública". A propósito, cabe destacar que vecinos afectados dicen tener que cerrar puertas y ventas y convivir con un fuerte hedor, padeciendo "dolores de cabeza, problemas respiratorios y crisis de ansiedad".

La situación en Malpaís de Triana fue analizada en la última sesión plenaria celebrada en Los Llanos de Aridane. En concreto, el concejal de IUC, Felipe Ramos, preguntó a la alcaldesa, Noelia García (PP), por el informe de Salud y por las medidas que se iban a tomar desde el ayuntamiento. La regidora dijo que el procedimiento para la instalación de la planta "cumple con la legalidad, y los políticos ni abrimos ni cerramos las instalaciones".

García apuntó que desde la corporación local se han ido realizado comprobaciones de esta industria, además de "pedir auxilio al resto de administraciones implicadas" en este asunto. Sostuvo que el ayuntamiento "no se pone de parte de uno ni de otros (empresa y vecinos). Aquí no se dan ni quitan razones (...). Será la administración superior, en este caso el juzgado, quien resuelva".

La respuesta de la alcaldesa no convenció al edil de IUC, que entiende que "si esta cuestión se puede resolver administrativamente, mucho mejor que judicialmente", afirmando que "la vía administrativa tiene instrumentos para resolver un conflicto". Noelia García apuntó que "eso es lo que hemos intentado hacer, pero cualquier demandante, si no obtiene la solución que espera, tiene la opción de ir al juzgado".