El policía local de Santa Cruz de La Palma que posibilitó el inicio de las investigaciones para esclarecer la desaparición en el ayuntamiento de sanciones de tráfico, teniendo en cuenta que está certificado que el extravío afecta a 161 multas, se ha dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital, solicitando al juez un impulso procesar de la causa.
En el escrito se advierte de que con fecha 6 de junio del presente año, se llevó a cabo la práctica de la prueba testifical, en la que hasta cinco policías locales, además del actual alcalde, Juan José Cabrera, "corroboraron los hechos denunciados".
Desde el momento de las testificaciones, "han transcurrido ya más de cuatro meses sin que el juzgado se haya resuelto conforme a los hechos acreditados la imputación de los denunciados", en referencia al regidor municipal cuando se produjeron los hechos que se investigan, el socialista Sergio Matos, y al jefe en aquel momento del Cuerpo policial de la capital, Eduardo Pérez.
En la petición se expone que el tiempo transcurrido "nos obliga, visto el estado de paralización absoluta de las presentes actuaciones, a recabar el auxilio judicial a los efectos de que se proceda a darle a la presente causa el impulso procesal que precisen las actuaciones, a fin de evitar demoras como las que ya desgraciadamente han acontecido con este procedimiento, que ha llegado a demorarse más de un año".
El litigio se inició después de que se pudiera comprobar que 161 expedientes fueron enviados a la Alcaldía y no devueltos al Negociado de Multas. La primera denuncia que desapareció tiene como fecha el 30 de enero de 2012 y que la última que consta como extraviada fue el 12 de diciembre de 2013, apenas cuatro días antes del relevo en el bastón de mando. Es decir, desaparecieron 161 boletines en menos de dos años.
El fiscal que en un primer momento analizó el caso, entendió que no se podía atribuir lo ocurrido a ninguna persona en concreto pero hizo especial hincapié en la necesidad de mejorar el cauce desde el mismo momento que se denuncia hasta que finaliza el trámite de cada expediente. Sin embargo, el procedimiento sigue en manos del juez en primera instancia.
