Los expedientes por reclamaciones de cláusula suelo se acumulan sin solución por una cuestión competencial en los juzgados de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, según ha expuesto en comisión parlamentaria el diputado Jonathan Felipe, de Coalición Canaria.

Felipe, abogado de profesión y perfecto conocedor de los entresijos de los juzgados de la Isla, informó de que actualmente en La Palma "existen unos mil expedientes que esperan por una vista", una cifra a la que se deben sumar otros 600 "sin dictar una sentencia".

El motivo radica "en el colapso generado tras dársele, por orden del Consejo General del Poder Judicial, la competencia exclusiva y excluyente al Juzgado de San Cristóbal de La Laguna para los casos de reclamación de condiciones generales de la contratación de las cláusulas suelo de las islas de La Gomera y el Hierro, excluyendo a La Palma", donde no está claro "quién tiene las competencias", afirmó el diputado palmero.

Jonathan Felipe advirtió de que en este caso podría producirse "la nulidad de los procedimientos que no tienen sentencia firme porque no se han asignado las competencias a los Partidos Judiciales de La Palma". En este sentido, a propuesto a la Consejería del área que, en primer lugar, defina la orden del Tribunal Superior de Justicia de Canaria "y que se le asigne a los partidos judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane la competencia objetiva sobre estos expedientes", a la vez que se dote a los juzgados de personal de auxilio y tramitación para que, cuanto antes, "los procedimientos vayan saliendo adelante".

En la misma intervención parlamentaria, el diputado nacionalista se interesó también por el plan de infraestructuras de las Ciudades Judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane. y sobre el compromiso del Gobierno con la asistencia jurídica gratuita.

Por último, Felipe señaló que durante el último Gobierno "se consiguió que Canarias fuera una de las pocas Comunidades Autónomas que no dejó de pagar a los abogados y procuradores, aunque, por supuesto, hay que seguir dignificando la profesión y a los profesionales que se dedican a la asistencia jurídica gratuita".