El Partido Popular y los consejeros expulsados del Cabildo de La Palma, incluyendo además a las tres consejeras que sin estar afiliadas perdieron la confianza de Génova, se verán las caras el día 27 de septiembre en el Juzgado de Primera Instancia número dos de Santa Cruz de La Palma, tras una demanda por lo civil con la que se busca la readmisión de los sacrificados por pactar con el Partido Socialista y presentar una moción de censura contra Coalición Canaria.

La demanda fue presentada por la Junta Directiva Insular del PP, un dato que no es baladí sino que certifica el apoyo que tienen los consejeros y consejeras de la cúpula insular.

El juez deberá decidir si emite medidas cautelares, readmitiendo en el Grupo Popular a los seis excluidos, lo que parece plausible teniendo en cuenta los antecedentes, o si, por el contrario, no toma ninguna decisión transitoria hasta la celebración del juicio.

En la demanda se advierte de que los afectados han sido objeto de "vulneración de derechos fundamentales", después de que fueran expulsados sin que se estudiaran previamente las alegaciones que remitieron a Madrid. En este sentido, se hace hincapié en que "existe un incumpliendo flagrante de los estatutos" del Partido Popular.

El mensaje que llega del equipo que encabeza Mariano Hernández es claro: defienden que pertenecen al Partido Popular, "que es y será nuestra formación política", que no contemplan otro escenario que regresar en el menor tiempo posible "a la que ha sido nuestra casa" y que esperan que haya un acuerdo antes de llegar a juicio.

Descartan la creación de otro partido con siglas insulares o unirse a otras formaciones, que observan de reojo el desenlace de los acontecimientos teniendo en cuenta el tirón electoral mayúsculo de los excluidos.