La empresa Unión de Asfaltos Palmeros (Unaspa) ha decidido llevar a los tribunales la revisión y posterior anulación de la licencia para la instalación de la planta de asfalto de esta entidad en el polígono del Callejón de la Gata, en Los Llanos de Aridane, iniciando un procedimiento similar al abierto en su día por Gabriel Ruiz Romero Firmes y Construcciones SL por una industria de las mismas características.
La revisión de oficio de la licencia se produjo por decreto de la Alcaldía, un expediente que fue ratificado por el Consejo Consultivo de Canarias, dando por finalizada la vía administrativa. La decisión se fundamentó básicamente en que la planta de asfalto incumple el régimen de distancias de 2.000 metros respecto a los núcleos de población mas próximos, en la línea de la argumentación judicial que ya impidió la operatividad de la planta de Ruiz Romero.
Unaspa obtuvo la licencia de apertura de la planta después de acudir a los tribunales y recordar que le fue concedida por silencio administrativo.
El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane daba ayer a conocer públicamente que mediante oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, se había puesto en conocimiento de la administración local el recurso de Unaspa contra la revisión de la licencia.
La corporación municipal emplaza además a los interesados, representados durante la última década por la Plataforma contra las Planta de Asfalto, para que, si a su derecho conviene, comparezcan y se personen en este procedimiento en el plazo de nueve días, de conformidad con el artículo 49 LJCA.
Con el antecedente e incluso jurisprudencia de la planta de asfalto de Gabriel Ruiz Romero, las opciones de que Unaspa pueda poner en marcha su industria son nulas, prevalece en todo caso la distancia con las viviendas más cercanas, y todo quedará a expensas de que el juzgado opte o no por una indemnización que tendrá que hacer frente el ayuntamiento.
A propósito, recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en una sentencia que posteriormente confirmó el Tribunal Supremo, fijó en 176.562 euros el límite de los daños y perjuicios que tenía que asumir la administración tras conceder la licencia y, posteriormente, anularla a Ruiz Romero. Los técnicos municipales han valorado los daños en apenas 45.000 euros, cantidad que ha sido rechazada por la constructora.
