30 de junio de 2019
30.06.2019
TAZACORTE

El exalcalde de Tazacorte fue condenado "por un delito del que no fue acusado"

El recurso presentado por los letrados de Ángel Pablo Rodríguez busca un resquicio para que la Audiencia Provincial anule la condena

30.06.2019 | 00:13
Ángel Pablo Rodríguez tuvo que dejar la política por esta sentencia .

El recurso presentado ante la Audiencia Provincial por los abogados del ex alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, al que El Día ha tenido acceso, busca un resquicio legal simple pero ingenioso para intentar anular la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 que condena al dirigente de Unión Bagañete a siete años de inhabilitación por el caso Los Tarajales.

La primera a las alegaciones jurídicas presentadas por los abogados se fundamenta en una supuesta infracción de precepto constitucional, "por vulneración de lo establecido en los artículos 24 de la Constitución en relación con el principio acusatorio". Y es que "nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él acusación por una parte acusadora ajena al órgano enjuiciador (...), estando obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse en el ámbito de los términos del debate (...), lo que significa que ha de existir correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia condenatoria".

A propósito, la acusación formulada tanto por el Ministerio Público como por Isla Bonita e Inversiones Cook fue por un delito de prevaricación urbanística, del que se absorbió a todos los acusados. Tras la práctica de la prueba, "ni el representante del Ministerio Fiscal ni de las acusaciones populares modificaron el tipo penal por el que formulaban acusación: el delito de prevaricación urbanística, tipo especial por el que venían siendo acusados", sostienen los abogados del ex alcalde.

Este equipo de abogados va incluso más allá y apunta ante la Audiencia Provincial que "en la narración de los hechos de los escritos de conclusiones definitivas, no se concreta los hechos por los que finalmente ha sido condenado el alcalde (ya ex) en la sentencia que se impugna, prevaricación por omisión, siendo que a mi representado parece exigírsele un plus de conocimiento sobre los distintos informes jurídicos y resoluciones judiciales".

Defienden que "la simple lectura de los hechos de los escritos de conclusiones, no concreta de forma clara cuál ha sido la participación de mi represando, cuál es su conducta diferenciada de otras administraciones y cuáles son los límites de su responsabilidad".

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