La acusación popular en el caso Los Tarajales, formada por las sociedades Inversiones Insulares Cock e Isla Bonita, ambas propiedad del empresario vasco César Gil, ha presentado sendos recursos ante la Audiencia Provincial en los que solicita mayor pena para el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, y que el resto de acusados, que han sido absueltos en primera instancia, sean condenados, salvo el ex edil José Antonio Martín Castillo, que apoya que sea declarado no culpable.

El alcalde fue condenado a siete años de inhabilitación. En el recurso se pide que la condena se eleve hasta los 10 años para empleo o cargo público y se le imponga una pena de prisión de un año y seis meses.

El letrado de Isla Bonita, Alfonso Castresana, expone en un extenso recurso que la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 "no es ajustada a derecho" y es "improcedente", afirmación que fundamenta en un conjunto de motivos, aunque haciendo especialmente hincapié en la calificación del suelo para la construcción del edificio en litigio.

A propósito, sostiene que la juez "olvida" algo tan importante como que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Canarias "se han pronunciado en numerosas ocasiones con sentencias firmes y definitivas sobre la calificación del terreno de Los Tarajales, calificándolo como suelo que nunca ha sido urbano y que desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988, siempre ha estado afectado por una servidumbre de 100 metros", por lo que "nunca se ha podido realizar legalmente sobre el mismo edificación alguna".

Castresana, un veterano abogado de prestigio a nivel nacional, subraya en el recurso que estas sentencias, perfectamente conocidas "por todos los acusados como miembros de la corporación y por el arquitecto municipal", han sido "maltratadas, despreciadas, arrinconadas, ninguneadas e infringidas como si no se hubieran dictado y no fueran firmes y definitivas y se refirieran a otro terreno diferente al de Los Tarajales".

Este abogado entiende que la sentencia recurrida "no es ajustada a derecho en cuanto que estima solo la comisión de un delito de prevaricación por el alcalde y no por los restantes acusados", cuando todos ellos, salvo Martín Castillo, "contribuyeron en la comisión del delito, como votantes a favor de la concesión de las licencias y autorizaciones ilegales o como informante de la condición de suelo urbano, cuando no lo era y no lo había sido".

Esa conducta "que calificamos de prevaricadora" no es "un hecho aislado, puntual, sino continuada y pertinaz durante más de diez años, con total impunidad porque se amparaban en sus cargos de autoridad para ordenar el territorio a su conveniencia", sostiene Isla Bonita, que tiene claro que las acciones calificadas de delictivas del alcalde, "han ido siempre acompañadas de la presencia e informes de su arquitecto municipal, Rosendo Luís Brito, por lo que este merece igual condena".

El recurso de Inversiones Insulares Cock, que tiene como letrado a Santiago Milans del Bosch, se dirige más a los daños económicos causados al empresario César Gil por la supuesta actuación del condenado y de los absueltos en primera instancia, en cantidades que el afectado y sus abogados cifran en decenas de millones de euros, y que la jueza de lo Penal número 7 no tuvo en cuenta en su sentencia.