Las denuncias políticas por el retraso de la carretera del Norte no son nuevas. Al contrario, en La Palma esta demora ha sido un arma arrojadiza entre los diferentes partidos durante los últimos años. La lectura mediática cambia, que no lo que han vivido los vecinos, con la judicialización de las obras y la decisión del Ministerio Fiscal de imputar (investigar) al ex consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, por "uno o varios delitos" de prevaricación.

La resolución de la Fiscalía no es, para qué engañarse, actual. En realidad, y después de analizar la documentación presentada por Podemos, fue elaborada el día 6 de marzo de 2019; es decir, hace más de dos meses. Otra cosa es que se haya dado a conocer coincidiendo con la campaña electoral.

La imputación a Berriel no se fundamenta en el retraso de las obras, en las eternas molestias a los vecinos, en los tramos inacabados, en el aumento desmesurado del presupuesto ni en que al final la actuación ni tan siquiera llegara a Cruz Castillo. Son cuestiones que, indudablemente, se verán reflejadas a lo largo de la instrucción del caso, pero lo que está básicamente en litigio es cómo se adjudicó el contrato de las obras complementarias.

En la denuncia de Podemos, que es lo que a la postre analizó el fiscal, se deja al descubierto que el ex consejero dictó una Orden Departamental de fecha 23 de noviembre de 2011 por la que se iniciaba el expediente de contratación administrativa para obras complementarias en esta vía, utilizando el sistema de procedimiento negociado sin publicidad cuando el importe era de casi 15,5 millones.

Lo que está en discusión, antes solo por la vía política y ahora por la judicial, es el procedimiento utilizado para contratar las obras. Podemos ha mantenido que no fue el adecuado para adjudicar los trabajos al modificar de forma clara el contrato primitivo, incumpliendo, a su juicio, el artículo 155 de la Ley de Contratos del Sector Público. Tenía, según esta versión y que deberá estudiar el juez del juzgado de Instrucción de turno, que haber optado por un concurso abierto.

Con el historial de la obra sí es evidente, ahora y desde hace años, la falta de agilidad en la realización de los trabajos. La mejora de la vía se inició el 10 de agosto, con un plazo de ejecución de 40 meses, pero tres legislaturas después todavía se estaba liquidando el contrato y procediendo al afianzamiento de taludes, rotondas, asfaltado de una travesía... El Cabildo incluso se ha negado a recibir la carretera en las circunstancias en la que se encuentra la obra. El consejero insular de Infraestructuras, Jorge González, llegó a manifestar que "la carretera del norte es ejemplo de lo que no se debe hacer nunca en una obra pública". Mientras, la Alcaldía de Barlovento ha pedido por activa y por pasiva que no se proceda a la apertura de la nueva vía de circunvalación, ejecutada en el marco de este proyecto, hasta que no se finalicen los accesos al pueblo. Va para largo.

Los barloventeros recuerdan con resignación la rotonda de acceso al pueblo, en uno de los errores más sonados de la obra. Se diseñó y se ejecutó de forma tan reducida que las guaguas y los camiones tenían serías dificultades para dar la vuelta. Se veían forzados a que dar "cortes" para salir de la glorieta.

Y luego está el tramo de la obra Gallegos-Franceses-Cruz Castillo. Es el más peligroso de todo el trazado de la vía. Desprendimientos de rocas sobre la calzada que ponen en serio peligro a los usuarios. Estaba prevista ejecutarla desde el principio, pero se quedó fuera. Sí, la obra se redujo de los 23,5 kilómetros iniciales a tan solo 15,7. Más dinero para menos obra. El presupuesto, con suplementos de obra, se incrementó en casi un 68%. Más de 20 millones más. Una 'locura'.

Más de 50.000 euros para una escalera inservible

Fue en diciembre de 2016 y era el toque que le faltaba a la obra. O, para ser más exactos, el remate a un cúmulo de errores. En aquellas fechas apareció en el barranco de Abreu, en Barlovento, una escalera metálica apoyada en la cuneta de la vía, que tal y como estaba colocada hacía pensar que era para alcanzar un camino o sendero situado en la parte de encima. Una 'barbaridad' que nadie sabía de dónde había salido, aunque era evidente que pertenecía a los trabajos que se estaban ejecutando. Y allí estuvo apenas dos o tres días. Luego ya se supo que efectivamente era de la obra, pero sin que nadie concretara para qué se había puesto y, por peor, quién había decidido invertir entre 50.000 y 60.000 euros en esa estructura. El propio Cabildo llegó a preguntar al Gobierno de Canarias por la escalera, mientras que el alcalde, Jacob Qadri, pensaba que podía estar vinculada a una petición de vecinos después de que se cortaran caminos por el desmonte de taludes. La idea de los residentes era rediseñar el sendero, no poner una escalera metálica apoyada en la cuneta. Fue uno de los desbarajustes, al igual que ocurrió con la rotonda de acceso al casco urbano de Barlovento.