Una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril establece que una persona inhabilitada aunque su condena no sea firme no puede presentarse a las elecciones, lo que pone al menos en entredicho la candidatura de Ángel Pablo Rodríguez (UB-CC), que aspira a mantener en los comicios de mayo la Alcaldía de Tazacorte, a pesar de la sentencia del caso Los Tarajales que lo inhabilita durante los próximos siete años.
Manteniendo el criterio del Supremo, que marca jurisprudencia, la Junta Electoral Provincial dictaminó hace escasos días que el político majorero Domingo González Arroyo no podía presentarse como candidato al Parlamento de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura el próximo 26 de mayo. No es menos cierto que también se debe tener en cuenta las singularidades de cada caso.
El Supremo destaca en su sentencia la ejemplaridad social exigible a quien ejerce la función pública, máxime si es representante de los ciudadanos. "La sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos no puedan ser ocupados por inhabilitados tras una condena penal", sostienen los magistrados, independientemente del ámbito de la administración en que hubiera tenido lugar la comisión del delito.
Mientras tanto, la secretaria de Organización de CC, Guadalupe González Taño, manifestó ayer a esta redacción que la formación nacionalista defiende la presunción de inocencia y recordó que la sentencia contra el alcalde bagañete "no es firme". Hizo especial hincapié en que el código ético y de conducta de Coalición Canaria sí se activa incluso desde que se abre el juicio oral en aquellos casos en los que el encauzado se enfrente a un delito por actuaciones encaminadas "al enriquecimiento" propio.
A propósito, destacar que la jueza deja meridianamente claro en la sentencia del caso de Los Tarajales que la extensión de la pena "se fija en el límite mínimo", teniendo en cuenta "las motivaciones que impulsaron el modo de proceder del acusado, ajenas por completo a la obtención de un beneficio personal y más bien derivadas de la incorrecta interpretación de las exigencias que demandaba el interés público". Es decir, Ángel Pablo Rodríguez no actuó para enriquecerse.
González Taño aclaró que en el caso que ataña al regidor municipal, CC tomaría medidas "si la sentencia fuera firme". Cree que "no parece lícito obligar a una persona a que abandone su cargo antes de que se llegue al final del proceso". A propósito, Unión Bagañeta, una formación integrada en CC aunque en realidad opera de manera prácticamente autónoma, ha anunciado que en los próximos días presentará un recurso ante la Audiencia Provincial para evitar la condena definitiva del alcalde. Es más, UB dice que "estamos seguros, sin ninguna duda, que obtendrá (el regidor local) su absolución definitiva".
Entre los absueltos del caso 'Los Tarajales' se encuentra quien fuera número 2 de Ángel Pablo Rodríguez durante lustros y que en la actualidad lidera el comité local de Nueva Canarias, Juan Miguel Rodríguez Acosta, quien se presentará como candidato a la Alcaldía en las elecciones de mayo.
El coordinador insular de NC, Miguel Ángel Pulido, aseguró ayer a El Día que "Juan Miguel hubiera renunciado inmediatamente en caso de haber sido condenado", una decisión "que estaba pactada con él y con la dirección nacional de la formación nacionalista". A propósito, señaló que "cada partido debe tomar las decisiones que en cada caso entienda más oportunas, y nosotros habíamos pactado que en caso de ser condenado, Juan Miguel tenía que dar un paso a un lado y encabezar la candidatura la compañera que ocupa el número 2", en referencia a Nieves Yolanda Acosta.
Acusación particular
Los abogados del empresario vasco César Gil, que con sus empresas formaba la acusación particular, se encuentran analizando la sentencia de 'Los Tarajales' al objeto de presentar recurso ante la Audiencia Provincial. Este emprendedor mantiene que el Grupo de Gobierno de UB impidió el desarrollo de sus proyectos turísticos en la costa de Tazacorte y que facilitar la construcción del edificio en litigio fue clave para afectar gravemente a sus iniciativas de negocio en la zona, daños que calcula en unos 50 millones de euros. Sin embargo, la juez del Penal 7 rechazó cada uno de los argumentos expuestos por sus prestigiosos letrados, que han preferido analizar en profundidad la resolución ante de hacer valoraciones.
