El Pleno del Cabildo de La Palma tomó ayer conocimiento, en una de sus últimas sesiones del año, de los decretos de Presidencia en los que se levantan reparos de la Intervención por contratos o suministros que en conjunto suman cerca de nueve millones de euros.

Las oposiciones técnicas se repiten en contratos adjudicados por emergencia y que, sin embargo, se han mantenido en el tiempo sin salir a concurso, como ocurre con el mantenimiento de túneles, la gestión del servicio de bomberos voluntarios o el funcionamiento del complejo ambiental de residuos. Se suman encargos por cuantías menores, de entre 3.000 y 5.000 euros, que no han cumplido, a juicio de la Intervención, con los requisitos legales establecidos.

Tras la toma de conocimiento, el consejero del Grupo Mixto (Podemos), Dailos González, denunció el "elevado número" de reparos que se estaban resolviendo, con contratos de suministros "que no han salido a concurso" y adjudicación de servicios "que se mantienen" de manera "irregular". Es consciente de que "no van a desaparecer todos los reparos", pero sí se debería mejorar la gestión "para reducirlos al máximo".

En los mismos términos se expresó el portavoz del Partido Popular, Carlos Cabrera, quien apuntó que la mayoría de reparos se producen "por la inexistencia de contratos o por el fraccionamiento de los mismos", con cifras "importantes en cuestiones que pasa el tiempo y no se resuelven". El consejero del PP fue un poco más allá: "Se está impidiendo que determinadas empresas entren en concurso legítimo para poder ser adjudicatarios de esos contratos, que se acaban manteniendo año tras año en las mismas empresas o particulares".

Por su parte, el presidente, Anselmo Pestana, señaló que "es verdad que hay aspectos en los que necesitamos mejorar", pero dijo que un porcentaje elevado de los reparos "se refieren a cuestiones que no dependen exclusivamente de nosotros". A propósito, indicó que para la resolución del contrato de los bomberos "estamos intentando solucionarlo con los ayuntamientos; no depende solo del Cabildo".

Pestana reconoció que también hay cuestiones "en las que discrepamos con el criterio de Intervención y salvamos los reparos con otros informes técnicos de los diferentes servicios, como ocurre con los encargos a las empresas públicas", en referencia a Tragsa, con objeciones por 3,7 millones. A ello se unen "contratos por pequeñas cuantías que se van sumando hasta alcanzar un volumen importante y que acaban siendo reparados por meras formalidades".